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La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años y medio de prisión para el expresidente de Caixa Penedès Ricard Pagès Font, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella Rodríguez y Juan Caellas Fernández, por adjudicarse de forma irregular fondos y planes de pensiones por valor de 31,6 millones de euros.
Según la calificación del fiscal Emilio Sánchez Ulled, los imputados --junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba-- cometieron un delito societario continuado de administración desleal.
Los querellados, desde 2001, "actuaron de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados", y les reclama que indemnicen a la entidad bancaria.
En total, pide a los acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, además de las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 --que deberán determinarse en la sentencia--. Los herederos de Jorba deberán devolver los más de 2,5 millones.
Para el fiscal, Pagès, director general de la entidad durante 15 años y luego presidente, diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad, pensada para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo", valiéndose de la ayuda del resto de querellados.
Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran la entidad.
Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.
En definitiva, según el fiscal, los acusados, liderados por Pagès, "aprovecharon el proceso de cobertura de los mayores compromisos por pensiones derivados de sus contratos de alta dirección (...) para arrogarse abusivamente derechos económicos no amparados por sus contratos".
Según el fiscal, los acusados mantuvieron la suscripción de la póliza y su verdadero alcance "en la oscuridad frente a los órganos colectivos de administración de Caixa Penedès, que ni autorizaron ni conocieron cabalmente su existencia y detalles".
En 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.
En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN), para lo que recibió ayudas por 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado "los acusados reaccionaron apresuradamente" buscando una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas.
Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas, y en esta última se formalizó la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.
Fuente: Público
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