Los discapacitados se manifiestan contra los recortes del Gobierno

Coral tiene siete años y ya se ha visto obligada a salir a la calle a protestar por sus derechos. Con una sonrisa sostiene una pancarta que dice “Dónde está mi ley de dependencia”. Tiene síndrome de Down y asiste a un colegio especial. Su padre, Oscar Montero, explica que llevan dos años esperando la ayuda económica que le corresponde por la ley 39-2006 de atención a las personas en situación de dependencia. “Nos aprobaron la ayuda hace un año, después de haberla solicitado en 2010 y todavía no sabemos nada”, comenta apenado Montero. Como la familia Montero, miles de personas han marchado por el centro de Madrid en una manifestación histórica para denunciar la "insostenible situación" de numerosas familias ante los impagos de las administraciones a quienes atienden y asisten a los discapacitados.

Empujados por la duración de la crisis económica y los severos recortes, el colectivo de las personas con discapacidad, al igual que otros sectores — sanidad, educación, justicia, servicios sociales, desahuciados— han salido a tomar la calle. Es la primera marcha multitudinaria del colectivo que agrupa a personas con discapacidad auditiva, visual, física, psíquica, sensorial e intelectual. Al ritmo de la batucada de Escuela de Percusión, y apoyados por silbatos, vuvuzuelas, miles de banderas blancas han ondeado en la calle Goya, desde Conde de Peñalver hasta los Jardines del Descubrimiento, en la Plaza de Colón. Los manifestantes venían de todas partes de España. Casi 500 autobuses han traído a unas 15.000 personas de todas partes del país, según la organización. Unos 100 procedían solo de Andalucía.

"Nos negamos a desaparecer. Están eliminando los logros que han conseguido las personas con discapacidad y sus familias", comenta Clara, una de los miles de personas que han participado en la protesta. María José Alonso, madre de Marta —una adolescente de 14 años con autismo—, considera una "injusticia atroz que carguemos con los errores de otros. No podemos retroceder en la inclusión, en los derechos ganados, en el bienestar conseguido".

"Por primera vez en la historia, salimos a la calle para que los políticos sepan que estamos al borde del colapso", ha explicado Luis Cayo Pérez, presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad (CERMI). Pérez ha reclamado que la salida de la crisis sea también la solución para el 10% de la población que padece discapacidad. Unos cuatro millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad. En Europa, la cifra alcanza los 80 millones.

Un grupo de sordociegos, uno de los colectivos más vulnerables e invisibles dentro del grupo de personas con discapacidad, bailaba al ritmo de los tambores y cantando a través del lenguaje de signos en reclamo de guías-interpretes. "Son nuestros ojos y oídos. Sin ellos estamos aislados", aseguraban en sus pancartas.

"Queremos hacer reflexionar a la sociedad española, para que nos ayuden a mantener lo que tantos años nos ha costado", ha indicado el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, a Europa Press. Y ha añadido que "los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir". "Si estamos unidos, ganaremos esta batalla", ha aseverado Yannis Vardakastanis, presidente del Foro Europeo de la Discapacidad, quien recordó el apoyo del sector europeo a la marcha. Pérez ha reclamado un pacto de Estado promovido por los partidos políticos y las instituciones gubernamentales para garantizar la continuidad de los derechos de los discapacitados y “que de aquí a 2020 no retrocedan sino que avancen”.

“Somos los últimos en recibir ayudas y los primeros en sufrir recortes”, reflexiona Josefa Benítez, medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Londres. “El premio por una plata olímpica es de 46.000 euros; por una paralímpica, 5.000”

"Ya que tenemos que luchar contra la enfermedad, que no tengamos que luchar también contra el Gobierno. Estamos sufriendo muchísimo", ha relatado a EFE Eva, una joven que se desplaza en silla de ruedas con la ayuda de su marido. La joven tiene derecho a 55 horas mensuales de ayuda a domicilio a las que ha renunciado ya que debe pagar una parte. "A mi pareja la han despedido porque tenía una jornada reducida para poder ocuparse de mí", ha explicado.

Llamada de socorro

En el manifiesto, leído al término de la marcha por representantes de todos los tipos de discapacidad, el colectivo ha hecho una "llamada de socorro" a la sociedad y a los gobernantes ante la "amenaza de ruina" a la que se exponen los logros en términos de derechos, inclusión y bienestar alcanzados en los últimos 30 años.

"Cuando alguien está en peligro, cuando alguien siente una amenaza inminente que pone en riesgo su integridad y hasta su misma supervivencia, esa persona lanza un SOS, una llamada de socorro pidiendo y esperando una ayuda que le permita salir de esa situación de absoluta emergencia", han alertado.

La "aterradora" crisis económica, las "políticas tóxicas" y las decisiones "socialmente crueles" que -han subrayado- se ceban con los más débiles "están acabando con las todavía humildes cotas de inclusión y participación alcanzadas por las personas con discapacidad y sus familias con tanto esfuerzo en estas últimas décadas".

"Estamos a un paso de que la discapacidad sea considerada zona catastrófica", han advertido para denunciar que si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no llegan a disfrutar del bienestar generalizado, en las épocas pésimas "sufrimos las consecuencias más devastadoras de la crisis".

"Nunca llegamos a participar del festín, cuando lo hay, pero somos los primeros a quienes se nos quitan hasta las migajas", han lamentado.

Los manifestantes han denunciado el incumplimiento "sistemático y estructural" de las leyes aprobadas para defender los derechos de los discapacitados, el aumento de la pobreza y la exclusión, así como el abandono de los apoyos a la familia, "que queda como única y solitaria red de soporte, cada vez más exhausta, sin apenas ya capacidad de resistencia".

Han advertido también de que el "debilitamiento, cuando no desaparición" de los bajos niveles de protección social pública conseguidos y la paralización de la creación de empleo para personas con discapacidad por falta de políticas activas de inclusión laboral supone un "peligro real de pérdida de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad". Más de 60.000 empleos en los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España -han alertado- "pueden desaparecer mañana mismo por la reducción drástica de los apoyos públicos".

"Y por si todo esto fuera poco, las Administraciones autonómicas y locales adeudan al sector de la discapacidad, a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros", han asegurado.

Fuente: El país