El Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles

Limitar el acceso a la sanidad para determinados colectivos puede afectar no solo a su salud sino a la de toda la sociedad. Ese es el principal argumento del Tribunal Constitucional para avalar la atención sanitaria universal. Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional --la sentencia tendrá que esperar-- echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando la suspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.

El alto tribunal no admite, sin embargo, la eliminación del aumento del copago farmacéutico, que también incluían las medidas de Rajoy, y contra el que también se posicionó el entonces Ejecutivo de Patxi López. En cualquier caso, el Constitucional no entra a determinar el conflicto de competencias, algo que dirimirá en una sentencia posterior. En el auto, adoptado por el pleno del Constitucional, el tribunal atiende las alegaciones del Gobierno vasco respecto a que excluir a determinados colectivos de la atención sanitaria supondría poner en riesgo su salud “lo que repercutiría no solo en su estado de salud individual sino en la prevención de la propagación de determinadas enfermedades infecto contagiosas, afectando seriamente a la salud de toda la sociedad”.

Uno de los puntos clave de la reforma sanitaria que el Gobierno aprobó en abril es la exclusión de la asistencia normalizada de los extranjeros en situación irregular —que se hizo efectiva el 1 de septiembre con la desactivación de sus tarjetas sanitarias—. Un punto que el País Vasco trató de sortear con un decreto que fue recurrido ante el Constitucional por el Ejecutivo de Rajoy. Para seguir garantizando la asistencia universal, el Gobierno vasco argumentó que el colectivo de sin papeles es “el que resulta más afectado por patologías infecciosas” como el VIH, la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, el paludismo y la hepatitis B, “que presentan una prevalencia en la población inmigrante superior a la española y cuya falta de seguimiento puede dar lugar a un estado de alarma social por deterioro de la salud pública”. Dejar a estas personas “sin el apoyo clínico sanitario, supondría un riesgo de contagio para el resto de la población”, defendía también.

Argumentos de salud pública que están también en el trasfondo del auto del Constitucional. Este indica que todos los poderes públicos deben “garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud”, y esgrime que el argumento del ahorro, en el que se basó el Gobierno para limitar la atención sanitaria, no puede prevalecer sobre el interés general de preservar la salud. La “conveniencia de evitar riesgos para el conjunto de la sociedad”, y la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no pueden verse desvirtuadas “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que, como indican, ni siquiera se ha concretado.

La resolución del Constitucional habla del caso vasco, pero su alcance es mucho más amplio. Y es que Euskadi no es la única autonomía que se ha rebelado ante la ante la decisión del Gobierno de expulsar de la asistencia normalizada a los inmigrantes irregulares —unos 150.000—, a quienes se pretende cobrar por una asistencia a la que ellos, como el resto de la población, contribuyen con sus impuestos. También Andalucía, Asturias y Cataluña siguen dándoles tarjeta sanitaria.

Además de estas autonomías, otras cuatro —Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Galicia y Navarra— tratan de proporcionarles asistencia, aunque a través de fórmulas administrativas y programas específicos. Nueve comunidades aplican el decreto del Gobierno a rajatabla: Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia y Aragón. Allí, a los inmigrantes irregulares solo les queda la opción de pagar por los servicios, contratar un seguro o recurrir a las organizaciones que tienen programas gratuitos.

Pese a esta realidad, el Ministerio de Sanidad afirma que en ningún caso, la reforma sanitaria tiene por objetivo la exclusión de los inmigrantes sin papeles. “En ningún caso el Ministerio ha querido que se deje de dar asistencia sanitaria a nadie. Solo ha regulado la condición de asegurado”, asegura una portavoz. “Respetamos y acatamos, por supuesto la resolución del Constitucional”, indica.

Un auto que Andalucía —que también ha recurrido el decreto del Gobierno— ve como una muy buena noticia. País Vasco pretendía garantizar la tarjeta sanitaria a los sin papeles a través del decreto suspendido cautelarmente. La comunidad presidida por José Antonio Griñán lo está haciendo de facto. “Atender a todas las personas es una garantía para el modelo sanitario porque cualquier barrera en la atención no solo es una injusticia, también es un problema de salud pública e incluso una bolsa de ineficiencia ya que la atención universal se garantiza a través de la atención primaria", indica una portavoz de la Consejería de Salud andaluza.

Teresa Maura, presidenta de Médicos del Mundo en País Vasco, también habla de riesgo. “En las comunidades que aplican el decreto estas personas solo pueden acudir a urgencias, lo que implica que tienen continuidad en la asistencia, no se les atiende de manera normalizada ni racional”, critica. Su organización tiene varios programas para atender a extranjeros que viven en España en situación irregular, un colectivo, explican, especialmente vulnerable. Y no porque tengan más riesgo de enfermar. Al contrario, suelen ser personas jóvenes que acuden al médico menos que la media; sino porque tienen más dificultades y barreras administrativas.

Maura declara que aunque la resolución del Constitucional no es aún una sentencia y que esta puede tardar en llegar, es significativo que toque cuestiones de fondo como son la universalidad de la cobertura sanitaria y la importancia de las cuestiones de salud pública. "El derecho a la sanidad tiene que ser para todas las personas y en igualdad de condiciones", apunta.

El riesgo del peaje sanitario

Los expertos se han mostrado muy críticos con la exclusión de los sin papeles de la atención normalizada. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria inició una campaña contra el decreto del Gobierno y animó a los médicos a objetar ante una medida “discriminatoria e injusta”. Los profesionales sanitarios advierten, además, de que poner barreras a la atención médica puede poner en riesgo la salud de estas personas y del resto de la población.

No son los únicos en pronunciarse contra la reforma que impone un peaje a los sin papeles —deben pagar por todo lo que no sea urgencias, atención al parto y posparto—. El Consejo General de la Abogacía considera la medida directamente inconstitucional. Los letrados argumentan que el decreto afecta al derecho a la protección de la salud, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Además, el decreto del Gobierno puede colisionar con algunos estatutos de autonomía que establecen la sanidad “universal” o “para todas las personas”, dice Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía.

“Hay dudas de la constitucionalidad de la medida por varios motivos, y eso es lo que señala inicialmente el tribunal que, aunque no entra en el debate de las competencias, sí habla de cuestiones de salud pública y el derecho a la salud”, señala Aguelo, que cree que el alcance de la resolución puede ser general para las comunidades que, como Andalucía, Asturias o Cataluña, hayan iniciado fórmulas para garantizar la cobertura universal manteniendo la tarjeta sanitaria.

Fuente: El país