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lunes, 3 de diciembre de 2012

Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero

El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans Gerardo Díaz Ferrán ha sido detenido esta mañana por supuesto alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía, a las órdenes del Juzgado Central de Instrucción número seis, ha arrestado también a otras ocho personas, entre ellas el supuesto liquidador de la empresa de viajes Marsans, Ángel de Cabo, y están realizando registros en Madrid y Valencia, informan fuentes policiales.

La redada policial, denominada Operación Crucero, está abierta, según fuentes de la Dirección General de la Policía, que añaden que “no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos arrestos”. Además de Gerardo Díaz Ferrán y Ángel de Cabo han sido detenidos Iván M.L.C; Susana M.C.; Teodoro G.O.; Rafael T.A.; Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P. M.

A la una de la tarde de hoy, agentes de la Brigada de Blanqueo están registrando el domicilio de Díaz Ferrán, en el número 15 de la calle de Juan Belmonte, en el barrio madrileño de Canillas, así como el chalé de Ángel de Cabo, en la urbanización El Bosque de Chiva (Valencia) y sus oficinas de la carretera de Riba-Roja a Loriguilla.

El arresto se ha producido una vez cerrada la amnistía fiscal que el Gobierno puso en marcha para que los evasores fiscales pudiesen repatriar capitales pagando un gravamen del 10% del patrimonio aflorado, aunque acogerse a ella no suprimía el delito. Tras este proceso, además, el Ejecutivo ya advirtió de que iba a reforzar la persecución de los defraudadores.

Los agentes habrían procedido a las detenciones tras comprobar que se estaba produciendo el alzamiento de bienes.

Desvío de fondos

Díaz Ferrán, que acumula varias causas ante la Justicia, está acusado de un presunto delito de quiebra fraudulenta y apropiación indebida ya que, según sostiene la fiscalía, ha desviado a Suiza 4,9 millones de euros. Según un informe de la brigada de blanqueo de la Policía Nacional que trascendió en julio, el que fuera máximo dirigente de la patronal española entre 2007 y 2009 desvió "desde una empresa irlandesa del Grupo Marsans” los fondos. El dinero estaría en una cuenta a nombre del empresario valenciano Ángel de Cabo, quien en su día compró Marsans a precio de saldo y que estaría actuando de testaferro de Díaz Ferrán a cambio de una "sustanciosa cantidad", según fuentes fiscales.

Al inicio del proceso, la Audiencia Nacional ya ordenó el embargo de los bienes del empresario, que se declaró en quiebra personal al no poder hacer frente a la cantidad que se le exige por la quiebra de Marsans y que asciende a 417 millones de euros.

El fiscal, sin embargo, asegura que su situación personal no es tan mala. Según su informe publicado en verano, "los responsables de la agencia de viajes se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes", un delito tipificado en el artículo 252 del Código Penal. El responsable del Ministerio Público, Daniel Campos acusó a todos ellos de provocar el vaciamiento patrimonial de la empresa, en perjuicio de los acreedores de la compañía, cuyo concurso de acreedores está siendo tramitado por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid.

Durante su última comparecencia en la Audiencia, celebrada el pasado marzo, Díaz Ferrán culpó a su socio, Gonzalo Pascual, fallecido hace cinco meses, de llevar a Marsans a la ruina ya que él tenía pocas funciones ejecutivas en el grupo. Por este motivo, aseguró que no estaba al día de las cuestiones financieras de la empresa ni conocía el destino del dinero que se recaudaba con la venta de los billetes y las reservas. De hecho, llegó a declarar que él solo era responsable del transporte por carretera de Marsans y que Pascual gestionaba la división de transporte aéreo.

El grupo turístico se declaró en quiebra en verano de 2010 dejando a más de 4.700 afectados y una deuda acumulada superior a los 400 millones de euros. La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación bajo las órdenes del juez de Instrucción Central Número 6, Eloy Velasco.

Fuente: El país

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