La Junta de Andalucía pondrá en marcha un "banco de tierras" para crear empleo en 2013

El programa con el que Izquierda Unida se presentó en Andalucía contemplaba la creación de un “Banco Público de Tierras” (pag.27), en el marco de los "planes de actuación prioritarios" y "un nuevo concepto de Reforma Agraria que garantice la soberanía alimentaria". Se trata de "gestionar el acceso a superficie agraria que no esté en uso, siempre destinándola a la producción de alimentos en cantidad y calidad y la mejora del funcionamiento de la Reserva Nacional de derechos de la Política Agraria Común (PAC) que sirva para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres al sector, luchando contra el envejecimiento del sector", según se lee en el programa.

Entre otras cuestiones, se contempla el fomento de la agricultura y ganadería de producción ecológica, la comarcalización agraria, el desarrollo de agricultura urbana y la creación de un instrumento de financiación propio no sometido al interés especulativo de los bancos, el llamado “Banco de Crédito Agrícola” en Andalucía.

La creación de un banco de tierras resucita la histórica reivindicación de una reforma agraria por parte de los campesinos andaluces, reforma cuyo punto fuerte debiera ser el reparto de la tierra. La eliminación del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara) en Julio de 2010 por parte del anterior ejecutivo del PSOE cerró las puertas a cualquier cambio en el obsoleto régimen cuasi feudal y abrió un plazo de un año para que se optase a la compra de tierras propiedad de la Junta, 19.851 hectáreas por las cuales el gobierno andaluz pretendía ingresar 75 millones de euros. Finalmente sólo se ingresaron 10,6 millones de los previstos, quedando abandonadas la mayor parte de estas tierras.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, aseguró el pasado miércoles que el banco de tierras sociales que IU ha llevado a los Presupuestos estará en marcha en el 2013. La prioridad es ofrecer tierras al servicio de jóvenes, cooperativas o pequeños agricultores, bien poniéndolas en uso o "facilitando su acceso desde el punto de vista económico". El presidente Griñán se ha mostrado como "un gran colaborador" de esta medida, ha dicho Valderas. Serán las consejerías de Hacienda y Agricultura las que se encargen de gestionar dicho banco.

La portavoz de IU en la comisión de agricultura, Dolores Quintana afirma que “todo patrimonio público tiene que servir, en estos momentos, para crear empleo”, y las tierras desiertas del IARA, entre las que se encuentran fincas como Majarambú (Castellar-Cádiz), Cortijo Vaqueros (Motril-Granada), Paraje Barruelos (Chiclana de Segura-Jaén) y Somonte (Palma del Río-Córdoba), esta última ocupada por el SAT desde hace meses y producciendo en ecológico gracias al trabajo de varias familias de jornaleros, deben ser cedidas de forma gratuita a parados de la zona organizados en cooperativas o mediante convenio con ayuntamientos. Los adjudicatarios obtendrían un salario proporcional a los beneficios de la explotación y sus productos se comercializarían en mercados locales. La lucha del SAT en Andalucía ha sentado -precisamente- un precedente sobre la viavilidad de esta iniciativa.

IU también llevó su propuesta de creación de un banco de tierras al gobierno central a finales de Octubre con el objetivo de crear empleo, que debiera ser la prioridad en estos momentos, y teniendo en cuenta que “la actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad de los pueblos andaluces” según reconoce un estudio de la Junta sobre este sector. La propuesta, presentada el el Congreso por el diputado José Luis Centella, planteaba la puesta a disposición de las fincas del Estado a cooperativas agrarias y desempleados: “podrían ser dedicadas a uso agrícola y cultivadas por cooperativas, lo que permitiría en estos tiempos de crisis disponer de un instrumento para combatir el altísimo nivel de paro existente en la zonas rurales”. La respuesta del gobierno del PP y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente fue que ese no es el uso que debe darse a las fincas del Estado (muchas en manos del ejército) que, al contrario, “tienen como finalidad principal la conservación del medio natural y el uso y disfrute por los ciudadanos siempre que sea posible”. El gobierno central también argumentó que la adjudicación de tierras propiedad del estado debía regirse por la legislación referida a los contratos del sector público y por la publicidad y libre concurrencia, es decir, adjudicaciones por subasta que limitan el acceso a personas o entidades privadas con capacidad económica para costear su compra o arrendamiento.

Fuente: Tercera información