Wert presenta la reforma educativa de la segregación

El proyecto de reforma educativa del ministro José Ignacio Wert supone volver a las aulas de los años 60. Es lo que opinan sindicatos, asociaciones de padres y expertos sobre la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOCME) cuyo anteproyecto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.

Si una palabra define la reforma de Wert ésta es segregación. La LOCME contempla separar a los alumnos a los 15 años en función de lo que quieran estudiar, instaura tres reválidas que pueden dejar en el camino a alumnos con dificultades y, por último, prorroga los conciertos a los centros que segreguen por sexo, desoyendo las sentencias del Supremo en sentido contrario. Los expertos advierten de que están en juego los avances logrados en los últimos años en el ámbito escolar.

Con la nueva reforma, los estudiantes comenzarán a escoger ya en 3º de ESO, es decir, a los 15 años, las asignaturas optativas dirigidas a cursar Formación Profesional (FP) o Bachillerato, cuando antes lo hacían un año después. Para ello, se creará un nuevo ciclo de formación profesional dentro de la educación obligatoria. Estos cursos tempranos o de iniciación, como los llaman el ministerio, sustituirán a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero no ofrecerán la posibilidad a los estudiantes de obtener el título de Graduado en ESO. "La segregación temprana acaba con la igualdad de oportunidades que garantizaba la Ley Orgánica de Educación (LOE)", sentencia Carlos López, secretario general de FETE-UGT. "Es un error recolocar a los alumnos en función de sus conocimientos, además, no es lo mismo elegir con 18 años que con 15", remarca.

Lo mismo piensa el catedrático de Sociología en la Universidad Complutense Mariano Fernando Enguita: "El mundo acomodado y avanzado postergó la segregación a esas edades porque era injusta, ya que dejaba fuera a los alumnos de origen más humilde, que habían tenido menos tiempo de adaptarse a las exigencias de la escuela y menos recursos para hacerlo; porque era ineficaz, ya que, al seleccionar antes de tiempo, seleccionaba mal, cuando todavía no pueden saberse las capacidades que podrá desarrollar un niño; y porque era ineficiente, porque suponía el desperdicio de una gran reserva de talento del que un país no puede prescindir en una economía global del conocimiento. Había amplia evidencia de esto cuando se abandonaron los sistemas segregados (desde los 60 y antes) y hay mucha más ahora".

Otra de las características de la futura ley es la incorporación de tres evaluciones externas al final de cada etapa educativa: después de primaria, de la ESO (el examen será distinto si se quiere hacer Bachillerato o FP y sólo podrán presentarse los alumnos que hayan suspendido hasta dos asignaturas de 4º) y, por último, de Bachillerato. La primera prueba no condicionará si los alumnos repiten o no, pero las dos siguientes sí serán reválidas. Desaparecerá la selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso, como se hace en Estados Unidos. Aun así, el examen que haga la facultad sólo podrá contar el 40% de la nota final de admisión. Estas tres evaluaciones externas convierten el sistema educativo en "una carrera de obstáculos constante", según la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Su presidente, Jesús Sanchez, opina además que "la eliminación de la evaluación contínua demuestra que el ministerio no valora al profesorado".

Fernández Enguita tacha de "anomalía" que a lo largo de toda primaria y secundaria los alumnos sean evaluados sólo por sus profesores, sin participación ni controles externos. "De hecho, creo que eso está en la raíz del alto nivel de fracaso: el profesor tiende espontáneamente a dividir, más o menos simétricamente, la clase tres: los buenos, los malos y los de en medio. Pero intervenir en la evaluación es una cosa, y añadir pruebas adicionales es otra. Además, creo que el gobierno no piensa que deban fracasar menos alumnos, sino más, siempre que vayan luego a la FP, porque en el fondo piensan que la enseñanza común es un coladero". Según el ministerio, la intención del Gobierno con esta reforma es "dignificar" la Formación Profesional de grado medio y aumentar el número de alumnos que optan por esta vía, explicó el pasado martes la secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, Montserrat Gomendio.

Carlos López recuerda además que en el año 1969 se eliminó la reválida "porque carecía de sentido y aumentaba el abandono escolar". "Los alumnos pueden tener un mal año y con estas reválidas pueden salir del sistema y no tener forma humana de volver", remarca. Por eso, CCOO afirma que el modelo que plantea el minsitro de Educación, José Ignacio Wert, está "trasnochado y es más propio de los últimos años del franquismo que del siglo XXI". "No es una reforma propiamente educativa sino ideológica, que pretende cambiar el actual paradigma pedagógico derivado del desarrollo normativo de la Constitución", señala el sindicato. "Wert debería haber sido ministro hace 50 años", añade Jesús Sánchez.

El modelo educativo que prepara el Ministerio de Educación se inspira en el sistema alemán, que funciona al revés que el resto de modelos avanzados, como el escandinavo, el anglosajón u otros meditarráneos, explica Fernández Enguita. "Es claramente un paso atrás en términos de ordenación del sistema. Nos quieren devolver a un sistema segregado, es casi una vuelta al antiguo examen de ingreso al bachillerato", añade.

La parte más polémica de la reforma es, sin duda, la segregación de los alumnos por sexo. Esgrimiendo el artículo 2 de la Convención de la Unesco de 1960, Wert anunció que se prorrogarán los conciertos a los centros que segregan al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias del Supremo en sentido contrario. "El modelo que separa a los niños de las niñas no supone siempre, necesariamente, una discriminación", afirmó el pasado agosto.

El pasado miércoles, en el Congreso, el ministro Wert insistió una vez más en que la educación diferenciada en España representa únicamente al "1%" de la oferta del sistema educativo español y defendió que se trata de "una opción más" de libertad de enseñanza. El PSOE denuncia que mientras se prorrogan los conciertos a estos centros, se recortan" 5.000 millones de euros en recursos para la enseñanza pública". Por ese motivo, los socialistas han registrado una proposición no de ley en el Congreso para que se elimine del sistema de financiación pública a los colegios que segregan por sexo y se destine este dinero a las becas.

Sobre la segregación, Fernández Enguita pone el foco en la socialización. "Si creemos en la plena igualdad y la mejor convivencia entre las personas de distinto sexo-género en la esfera pública, debemos educarlos para ello desde la esfera pública, mediante la experiencia, y eso quiere decir la escuela, la experiencia de la escolaridad, no simplemente prédicas en las familias que son la esfera privada ni en aulas diferenciadas que contradigan la práctica que proponen".

Fuente: Público