El Gobierno acelera el pleno funcionamiento del Valle de los Caídos desde el día 1

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto fin a la situación de excepcionalidad que vivía el Valle de los Caídos y la abadía benedictina de la Santa Cruz desde su cierre al público hace ahora tres años, en diciembre de 2009. Una decisión repentina que Patrimonio Nacional justificó en su día por la necesidad de realizar unas obras y que se ha prolongado durante 30 meses. Desde el día 1 de junio, el monumento que alberga los restos del general Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ha vuelto a abrir las puertas al público al precio de 5 euros por entrada. La “normalización” del Valle incluye también la próxima reapertura de la cafetería situada en el edificio del funicular, que ha permanecido también cerrada durante varios años. El Gobierno acaba de publicar en el BOE la licitación de ese servicio.

El nuevo presidente de Patrimonio Nacional, el diplomático Jorge Rodríguez Spiteri, ya dijo hace unos meses que la reapertura del Vía Crucis del Valle en las pasada Semana Santa era parte de lo que “podemos llamar una normalización de la situación en el Valle”. Un proceso que concluye ahora con la plena reapertura del conjunto al público mediante el cobro de una entrada. Una idea que ya fue sugerida recientemente por el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, cuando explicó en la comisión de Presupuestos del Congreso que Patrimonio Nacional deseaba obtener “algún ingreso” de las visitas al monumento, uno de los más visitados de la Comunidad de Madrid. Máxime, dijo entonces, cuando se daba la “paradoja” de que hubiera agencias de turismo y entidades privadas que estaban cobrando por organizar visitas al recinto.

Antes de su cierre al público, el Valle de los Caídos generaba unos ingresos aproximados de un millón de euros al año. De hecho, en el 2009, según los últimos datos de los que se dispone, el Valle fue visitado por 360.461 personas. De entonces a ahora el acceso estaba restringido solamente a los servicios religiosos de la abadía que regentan los benedictinos.

En este cambio de rumbo sobre el futuro del Valle, que supone un giro de 180 grados con respecto a la política llevada a cabo por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, el BOE acaba de publicar la licitación del servicio de explotación de la cafetería situada en el edificio del funicular de la Santa Cruz del Valle. El contrato que tenía el anterior dueño, que cerró la cafetería como consecuencia del cierre del Valle y de la falta de clientes, ha expirado. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional ha decido por ello abrir un concurso hasta el próximo 19 de junio para adjudicar la nueva licitación, lo que supone un paso más en la vuelta a la normalidad del Valle, que sufre importantes deterioros en su conjunto escultórico y monumental obra del escultor Juan de Ávalos.

Según concluyó el informe elaborado el pasado mes de noviembre por la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos, el conjunto podría requerir inversiones cercanas a los 13 millones de euros para evitar su progresivo deterioro. Una cantidad difícil de asumir en plena crisis económica y que ha llevado al Gobierno ha realizar una inversión mínima para garantizar el acceso seguro al conjunto. Según explicó Pérez Renovales en el Congreso, los presupuestos de 2012 reservan una partida “pequeña” para culminar las obras con el fin de “normalizar el acceso” a todas las instalaciones “en condiciones de seguridad” para su visita.

Además, según explicó recientemente Rodríguez Spiteri a ABC, también será necesario “adecentar” áreas que han estado abandonadas en el entorno del monumento, mejorar el cerramiento de la finca y permitir el acceso de paseantes a las zonas naturales.

Franco no saldrá del Valle

Lo más llamativo de esta nueva apertura al público del Valle de los Caídos es que el Gobierno ha decidido hacer caso omiso a ese informe elaborado por la citada comisión de expertos que proponía la exhumación de los restos de Franco del interior de la basílica, así como la necesidad de acometer una “resignificación integral” que permitiese una relectura completa del conjunto monumental a través, entre otras medidas, de un centro de interpretación. Dicho centro, concluían los expertos, debería mostrar al visitante cuál fue el origen del proyecto, en qué contexto socio-político se construyó y quienes participaron en el proyecto.

Pregunta en el Senado, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría explicó en febrero lo “difícil” que resulta abordar cualquier decisión sobre monumento. Según dijo entonces, resulta incomprensible que la primera conclusión del informe de los expertos fuese que cualquier medida que se tome sobre el recinto requiera del mayor consenso posible mientras que, por otro lado, ni siquiera la propia comisión llegó a un acuerdo sobre los restos de Franco. Y es que la polémica decisión tuvo tres votos particulares de tres de sus miembros, Miguel Herrero de Miñón, Pedro González Trevijano y Feliciano Barrios, que se opusieron al traslado de Franco a cualquier otro lugar que no sea su actual ubicación dentro de la basílica.

Fuente: El Confidencial