La infanta Cristina gastaba al mes casi 3.000 euros del dinero público desviado

A los duques de Palma, Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, se les acumulan los problemas a falta tan sólo ya de cuatro días para que el primero tenga que acudir a declarar como imputado ante el juez de Palma José Castro. La Agencia Tributaria ha detectado en la contabilidad de Aizoon que la Infanta cargaba a esta sociedad, a la que se desvíaba presuntamente dinero público, gastos personales de entre 600 y 700 euros euros a la semana, casi 3.000 euros al mes.

Al margen de la contabilidad, entre la documentación que aparece en el sumario figuran además correos electrónicos que la asistente personal de la hija del Rey envió a los responsables financieros del Instituto Nóos para preguntar cómo se podían cargar las facturas a la patrimonial. Hacienda ha encontrado gastos de todo tipo, aunque la investigación todavía no ha terminado y faltan aún detalles por determinar.

Lo que parece ya probado es que los duques pagaron también una parte de su Palacete de Pedralbes (Barcelona) y las obras del mismo -en total fueron casi 7 millones de euros- con cargo a la firma patrimonial. Y que incluso abonaban el sueldo al servicio doméstico de la casa con cargo también a esta misma sociedad.

Manos Limpias

La investigación puede dar ahora un vuelco radical después de que, por primera vez, el juez emitiera ayer un auto en el que pregunta a la Fiscalía si debe llamar como imputada a la Infanta doña Cristina en el marco de estas presuntas irregularidades. El juez atiende así a la petición formulada por Manos Limpias, el sindicato de funcionarios que ha pedido que la investiguen y la llamen a declarar por su presunta implicación en el caso.

Hasta ahora la Fiscalía ha rechazado en todo momento investigar a la Infanta, porque considera que Urdangarin la engañó y que estaba al margen de todas las decisiones que se tomaban. Eso a pesar de que, además de tener el 50 por ciento de Aizoon, formaba parte también de la junta directiva del Instituto Nóos.

El Consejo General del Poder Judicial ha archivado, mientras tanto, las diligencias informativas abiertas contra el juez instructor a raíz de la queja que presentó el abogado Antonio Alberca, defensor del expresidente balear Jaume Matas, por las filtraciones a la prensa del sumario.

Fuente: El Economista