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El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy de forma definitiva la reforma de la Ley de Vivienda, que prevé expropiaciones temporales de viviendas propiedad de entidades bancarias para evitar desahucios de familias vulnerables.
La ley, que previsiblemente será recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en normas similares acordadas en Andalucía y Navarra, ha sido apoyada por los grupos nacionalista y socialista.
El diputado del PP Felipe Afonso El Jaber ha afirmado que no tendrá ninguna efectividad para las personas "porque es ilegal", mientras que Román Rodríguez, de Nueva Canarias, propuso un "plan b" ante la evidencia de que el recurso de anticonstitucionalidad paralizará su efectividad.
José Miguel Ruano, del grupo nacionalista, defendió que la ley canaria trata de paliar los desahucios, pero subrayó que es responsabilidad del Gobierno central establecer medidas para que estas situaciones y dramas sociales no se produzcan.
"El Gobierno de España no afronta su responsabilidad con los ciudadanos en dificultades y critica a quienes tienen que paliarlos, a la vez que amenaza con recurrir ante el Tribunal Constitucional", denunció Ruano.
La amenaza de un recurso no debe influir en la voluntad de Canarias de buscar soluciones para los desahucios, dijo Ruano, y recordó que, aunque "hay dudas razonables", aún no hay sentencia sobre los casos de Andalucía y Navarra.
La intención de la normativa es evitar que los bancos sigan especulando con las viviendas vacías y forzarlos a que la pongan en el mercado, en lugar de mantenerla como un activo en su balance, dijo Ruano.
Felipe Afonso El Jaber, del PP, lamentó que los grupos del Gobierno de Canarias no busquen garantizar el derecho a la vivienda, sino hacer un "paripé" sin financiación y a sabiendas de que es ilegal para forzar al ejecutivo central a recurrirla y de esa manera tener a alguien a quien echar la culpa.
Para el representante del PP los grupos del Gobierno de Canarias mantienen "una actitud hipócrita y farisea, porque hacen como que se preocupan, pero en realidad se lavan las manos" al no querer aprovechar el trámite parlamentario para arreglar una ley ilegal.
El diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez apoyó las expropiaciones temporales, aunque ante la posibilidad de que sean paralizadas por el Tribunal Constitucional propuso que se establezca un fondo de emergencia social para alquileres, porque en caso contrario no se resuelve el problema.
Manuel Fajardo, del PSOE, defendió la legalidad de la normativa canaria.
"Si el recurso de inconstitucionalidad paraliza la Ley no ganará el Gobierno de España y perderá el Gobierno de Canarias, sino que ganarán los bancos y perderán los ciudadanos", sentenció.
Fuente: La información
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