El Constitucional suspende la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el pasado 14 de enero el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía, conocida como ley antidesahucios. Como sucedió cuando el Ejecutivo de Rajoy recurrió el decreto al que sustituyó la ley, la decisión del Alto Tribunal implica la suspensión automática de la norma -como dicta el artículo 161.2 de la Constitución, invocado por el Gobierno en el recurso-. El Constitucional tiene ahora un plazo máximo de cinco meses para determinar si mantiene o no la suspensión. La Junta, que tiene 15 días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estime pertinentes, ya está trabajando en ello.

La decisión del Constitución no implica, sin embargo, una valoración de la norma. “La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas”, aclara la institución en una nota de prensa.

La norma, aprobada por el Parlamento en octubre, fue recurrida por el Ejecutivo de Rajoy el pasado 18 de diciembre sin hacer ruido, como adelantó Andalucesdiario.es. El Gobierno considera que el texto choca con varios artículos de la Carta Magna y supone una extralimitación de las competencias autonómicas. Entre los argumentos que sustentan el recurso, denuncia que la Junta no tiene potestad para legislar sobre el derecho a la propiedad privada cuando se afecta “a la regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos” o que las expropiaciones del uso de la vivienda vulneran el principio de no discriminación al ceñirse solo a determinados propietarios, que son los bancos.

Recurso de la "vergüenza"

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha explicado que el informe para pedir al Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos se formula “en atención a dos elementos fundamentales”, esto es, el hecho de que el recurso del Gobierno “provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía”, y, por otro lado, al hecho de que en Cataluña “opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada“.

Cortés considera que el recurso del Gobierno central “está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía”. Asimismo, ha indicado que “los primeros efectos” de la admisión de ese recurso será “dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca”.

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que “no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva”. La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta.

Ha lamentado la actitud del PP “con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara” y considera dicho recurso “un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional”.

“Desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra”, ha afirmado el portavoz de IU en el Parlamento, José Antonio Castro.

Fuente: Andaluces diario