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La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha cesado a Franco como decano honorífico, distinción que le fue otorgada en marzo de 1939 tras su victoria en la Guerra Civil, y que, por tanto, ha ostentado durante casi 75 años, según informaron a Público fuentes de la institución. En la misma sesión, decidió no despojar de idéntico título a José Antonio Primo de Rivera, valorando entre otros méritos que el fundador de Falange sí fue abogado, lo que no era el dictador.
La cuestión se trató tras tomar conocimiento de la propuesta de la Asociación Libre de Abogados (ALA) que pidió que se tratase el asunto de los decanatos honoríficos de Franco y José Antonio en la Junta Ordinaria de colegiados que se celebró este jueves, para anular esas distinciones. Entre otros argumentos, señalaban que la Ley de Memoria Histórica "exige la remoción de las menciones conmemorativas y de exaltación de la memoria de la sublevación militar y de los alzados ilegalmente que condujeron a la guerra", como fueron Franco y Primo de Rivera.
La Junta de Gobierno, que preside la decana, Sonia Gumpert, entendió que la cuestion, estatutariamente, correspondía ser tratada en el seno del órgano de gobierno del colegio, y no en la Junta Ordinaria de colegiados, aunque este último es "el órgano soberano de decisión del Colegio" e integrado por sus 70.000 miembros.
Hace unos díass, la Junta de Gobierno estudió la propuesta de ALA y acordó anular la distinción de Franco, pero sin embargo, en una votación apretada, estimó que no procedía quitarle el decanato honorífico a José Antonio, atendiendo entre otros motivos a que fue abogado. De hecho, se defendió a sí mismo en el proceso --que se produjo de acuerdo a la legalidad vigente durante la República-- en el que fue condenado por conspiración y rebelión militar por su apoyo y el de su partido, Falange, al golpe militar del 36 (fue ejecutado en noviembre de ese año).
La concesión de ambas distinciones se hizo inmediatamente después del triunfo de los militares golpistas, el 28 de marzo de 1939, cuando la Junta de Gobierno Provisional del Colegio de Abogados de Madrid acordó nombrar decanos Honorarios de la corporación a Francisco Franco Bahamonde y a José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia, "precisamente por su participación en el golpe y posterior alzamiento militar".
Por ese motivo, ALA entiende que no puede valorarse que José Antonio fue abogado para quitarle o no la distinción, ya que no le fue concedida por esa circunstancia de su curriculum sino como "mártir de la revolución".
En cualquier caso, ALA considera que la decana debió someter a la Junta Ordinaria de colegiados, al menos, la votación de si debía o no debatirse la cuestión, y no transmitir sin más que se había acordado que no era competencia de dicha asamblea sino de la Junta de Gobierno. Y debió conceder al menos dos turnos de palabra, uno a favor y otro en contra, sobre el polémico asunto.
Fuente: Público
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