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El abogado José Luis Mazón, uno de los autores de la querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York, ha denunciado ante la Oficina de Conflicto de Intereses al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por mantener su plaza como titular del Registro de la Propiedad de Santa Pola, en la provincia de Alicante.
En nombre del partido Soberanía de la Democracia (Soberanid), el letrado señala que la plaza del líder del Partido Popular en el registro de Santa Pola es "incompatible" con su cargo como jefe del Ejecutivo y que además reconoce unos "derechos económicos", que "Rajoy dice que no recibe o cuando menos no declara como ingresos ante el Congreso".
El abogado ha solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses que esclarezca todas las circunstancias relativas al cobro de aranceles y sus destinatarios derivados de la plaza, en la que figura como titular el presidente de los 'populares', y si éste ha cobrado en función de este puesto.
El presidente de Soberanid, partido que fue excluido de los comicios del 20-N al no reunir los avales exigidos por la Ley Electoral, alega que el Reglamento Hipotecario, en su artículo 541, reconoce la prestación de honorarios al titular del registro. Añade que Mariano Rajoy no ha solicitado su situación de excedencia porque entonces la vacante debería haber salido a concurso.
Beneficios económicos
En su denuncia, sostiene que el Reglamento Hipotecario confiere derechos económicos al sustituido sobre los rendimientos de la plaza que deja vacante, por lo que Rajoy "ha tenido que recibir los expresados beneficios económicos y no consta su renuncia".
"Es una inmoralidad que una plaza siga retenida por su titular, al no haber solicitado la excedencia", indica el abogado murciano, que se pregunta si Mariano Rajoy se ha declarado en situación de servicios especiales para poder "seguir recibiendo rentas económicas" derivadas del puesto, que ocupa en condición de interino Francisco Riquelme.
José Luis Mazón es uno de los abogados autores de la querella contra Baltasar Garzón que tramita el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y cohecho, relacionado con el pago de unos cursos que Garzón dictó en Nueva York, patrocinados por el Banco Santander. El querellante relaciona los cobros con la decisión posterior del juez de no admitir a trámite una querella formulada contra directivos de esta entidad bancaria.
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