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"En relación con las noticias publicadas relativas a mis responsabilidades como ministro durante el Régimen anterior, y en defensa de mi honor", arranca el comunicado. En tres puntos, Utrera Molina enumera cómo su "condición de ministro y el ejercicio de las responsabilidades propias de dicho cargo" no constituyen "ni en España, en Argentina, ni en ningún otro ordenamiento jurídico, delito alguno".
Utrera Molina ha sido imputado por la jueza argentina María Servini de Cubría porque fue el encargado de firmar la sentencia de muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich. Se le imputa un delito de asesinato, con el agravante de haber sido premeditado y ejecutado entre varias personas, lo que le podría acarrear una pena de prisión perpetua.
"La supuesta acción judicial instada desde la judicatura argentina contra mí y otros miembros del gobierno de la nación, no puede ser considerada como tal", continúa. Así, el exministro entiende las denuncias por crímenes de lesa humanidad "una iniciativa política dirigida en la sombra por quienes en España no pudieron llevar a término su inicua y prevaricadora instrucción penal, por carecer de fundamento legal alguno".
El texto difundido desde la fundación que, según sus estatutos, tiene como "objetivo prioritario la difusión de la memoria y obra de Francisco Franco", finaliza con la amenaza de denuncias a las víctimas del franquismo que le acusan. "La imputación de supuestos crímenes o delitos derivados del cumplimiento de mis responsabilidades políticas es una calumnia y un atentado contra mi honor, y no descarto ejercer las acciones judiciales pertinentes en mi defensa", reza la nota que firma José Utrera Molina.
Las víctimas insisten: detención y extradición
Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA) subrayan "la muy significativa plataforma desde la cual el exministro franquista imputado" lanza el comunicado: la Fundación Franco. Una actitud, la de Utrera Molina, que difiere de la adoptada por Rodolfo Martín Villa, otra de las 20 personas para las que la sección argentina de Interpol solicita a las autoridades españolas su detención preventiva con fines de extradición.
Martín Villa, político y ministro durante la dictadura, negó también cualquier implicación en crímenes del franquismo y aseguró, tras la negativa del Gobierno de entregar a los acusados, que no piensa "esconderse". Pedirá declarar ante la magistrada argentina que cursa la investigación desde el Juzgado Federal Número 1 de Buenos Aires, María Servini de Cubría, sostuvo, y "si hay cauce" ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto.
Las víctimas de crímenes durante la dictadura, sin embargo, insisten en la petición extraditoria cursada en la Querella Argentina. "El Gobierno español no sólo ha mentido y facilitado informaciones confusas sino que además tampoco ha adoptado las medidas requeridas por las autoridades judiciales y policiales argentinas", según CeAQUA.
Por ejemplo, en el caso de la "errónea información emitida" por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que refería solo entrega de datos filiatorios, o del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que España denegará la entrega a Argentina de los últimos 20 imputados al ampararse en la Ley de Amnistía de 1977 y en la prescripción de los delitos.
Los querellantes alertan que Interpol Argentina cursó "comunicación muy urgente a Interpol Madrid" el pasado 4 de noviembre en el marco de la causa penal 4591/2010 "seguida por genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo". Esto supone "que los imputados y requeridos deben ser inmediatamente detenidos" para recibir "declaración indagatoria" ante la justicia argentina. Hasta el momento, las autoridades españolas no han atendido este pedido ni el de facilitar los datos de identificación personal conocidos de los imputados.
Fuente: El diario
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