El juez Velasco investiga una empresa del promotor del bulevar de Gamonal en la operación Púnica

A Antonio Miguel Méndez Pozo le conocen en Burgos como 'El Jefe'. Este empresario, condenado a siete años de cárcel por corrupción en los 90, está detrás de grandes obras en la ciudad y es el dueño de medios de comunicación como el Diario de Burgos. El entramado empresarial de la familia es complicado y una de sus sociedades está salpicada por la operación Púnica, que se investiga en la Audiencia Nacional.

Uno de los hijos del magnate, Miguel Méndez Ordóñez, es el representante de Izen Innovación SL, que figura en el listado que maneja el juez Eloy Velasco, tal y como ha adelantado Radio Arlanzón.

David Marjaliza, cabecilla de la trama junto con Francisco Granados, fue consejero de Izen Innovación SL –dedicada a la compra, venta y arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles– hasta febrero de 2009, según figura en el Registro Mercantil. Junto a él se sentaban otros consejeros, entre ellos José Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena, que está en libertad con cargos porque el juez de la Púnica considera que era el "cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos".

En la fecha en la que se produjo el cese de estos consejeros, la compañía pasó a manos de Miguel Méndez Ordóñez, que se convirtió en administrador único hasta abril de 2012. Desde entonces, su figura es la de representante y la administración corresponde a Alqlunia 27 SL. A su vez, Méndez Ordóñez vuelve a aparecer como administrador de esa sociedad, que es propiedad del Grupo Río Vena Gestión de Cartera. El secreto de sumario impide saber qué está investigando exactamente el juez relativo a Izen Innovación.

La sede de Izen Innovación coincide con la del Grupo Río Vena –en manos del hijo mayor de Méndez Pozo– y la del Grupo Promecal, en la Avenida de Castilla y León número 64 de Burgos. El Grupo Promecal es dueño de un importante número de periódicos y emisoras de radio y televisión, entre ellos el Diario de Burgos y La 8, la televisión pública de Castilla y León –que paga la Junta pero de cuya gestión se ocupa Promecal junto con José Luis Ulibarri, un empresario imputado en la trama Gürtel–. Ese consorcio mediático está presidido por el patriarca Antonio (Miguel) Méndez Pozo y dirigido por Gregorio Méndez Ordóñez, hermano del representante de la empresa salpicada por la Púnica.

No es la primera vez que la actividad empresarial del primogénito de Méndez Pozo se cuestiona. En 2006, invitó a varios políticos y técnicos del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento a unas vacaciones en Niza. En la inauguración de uno de los tramos de la circunvalación de Burgos, en la que su grupo había participado como parte de una UTE, confirmó el viaje y presumió de que volvería a organizarlo al año siguiente.

Una reflexión que seguramente sea políticamente incorrecta pero como me lo pide el cuerpo pues la voy a decir. El próximo año, yo calculo que por el mes de marzo o mes de abril, nueve amigos de esta ciudad y empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una feria de construcción, un algo de urbanismo, alguna cosa y, si dios quiere, volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito porque además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su dedicación de otra forma.

Los Méndez poseen un complejo sistema empresarial que no termina con el control de los medios locales. Además del negocio inmobiliario del Grupo Río Vena (gestionado por Miguel Méndez Ordóñez) y del mediático (dirigido por su hermano Gregorio), Méndez Pozo puso a su hija Blanca al frente de MBG Ingeniería y Arquitectura SL, que se ocupa de redactar los proyectos de obras.

Esta última ganó, en un proceso cuestionable, el proyecto de plan urbano para los barrios burgaleses de Gamonal y Capiscol. De ese modelo partió la idea de construir un aparcamiento en la calle Vitoria y hacer las obras de un bulevar en Gamonal que provocaron las protestas de los vecinos. La presión obligó al alcalde, Javier Lacalle, a paralizar el proyecto.

El hospital contrató a Cofely

Las empresas familiares también están detrás del Hospital Universitario de Burgos, cuyos costes se han duplicado. Este centro se ha privatizado de manera que todos los servicios no asistenciales los gestiona una empresa concesionaria integrada por varias sociedades. Méndez Pozo tiene, a través de Urbanizaciones Burgalesas SL, el 20,75% de la concesionaria, que tiene también como participantes mayoritarios a un fondo de capital riesgo del Banco Santander (17,64%) y a OHL (20,75%).

El hospital, que da a sus dueños una rentabilidad anual del 6,92%, también es un negocio para el clan, ya que Miguel Méndez Ordóñez creó una nueva empresa de asesoría y servicios hospitalarios –Facilita Río Vena Nuevo Burgos Gestión de Servicios SL– para "el asesoramiento y prestación de servicios de apoyo al Nuevo Hospital de Burgos", según consta en el Registro Mercantil. En poco más de cinco meses, esa compañía facturó cerca de medio millón de euros.

Nuevo Hospital de Burgos SA contrató a Cofely, epicentro de la operación Púnica, para la climatización del centro. El contrato, que sufrió un modificado que supuso un incremento de los gastos de cuatro millones de euros, ascendió a 21 millones de euros. El Partido Castellano va a llevar al juez Velasco toda la documentación relativa a ese acuerdo.

Fuente: El diario