Argentina somete a escrutinio la complicidad del FMI con la dictadura

Los crímenes de la última dictadura cívico-militar de Argentina (1976-1983) son delitos de lesa humanidad. Y el financiamiento del plan represivo que llevó a cabo el terrorismo de Estado es también otro delito imprescriptible. Por eso el papel del Fondo Monetario Internacional (FMI) está bajo la mira de la Justicia argentina.

El fiscal federal Federico Delgado ha elevado un dictamen en el que solicita que se investigue la responsabilidad del FMI con los crímenes del régimen militar y el endeudamiento del país. El funcionario considera "una obviedad" la "complicidad estructural" entre la dictadura y el FMI, y afirma que "entre la represión y las ideas económicas había un nexo genético".

Delgado solicitó en su informe al juez federal Sebastián Ramos que se reúnan y compulsen, con ayuda del Poder Ejecutivo, todos los archivos que intercambiaron con el FMI el Ministerio de Economía, el Banco Central y la representación argentina del organismo durante el periodo de la última dictadura.

"Mientras el terror azotaba la subjetividad de los argentinos hacia adentro, hacia afuera se privilegiaba captar los nuevos vientos de la relación social capitalista que mutaba de su faz industrial hacia la financiera", sostiene la fiscalía.
Delgado renuncia a imputar responsabilidades penales a funcionarios concretos del organismo, así que determinará primero su culpabilidad institucional a fin de "ubicar las instituciones en el devenir de la historia".

Nueve años después

El fundamento de este dictamen inédito es un escrito que hace ya nueve años presentó en el Congreso el entonces diputado Mario Cafiero, hijo del histórico dirigente peronista Antonio Cafiero -fallecido hace apenas unos días, por lo que se decretó un duelo nacional-, junto a sus pares Patricia Walsh (hija del escritor argentino desaparecido Rodolfo Walsh) y Vilma Ripoll.

La deuda externa argentina se multiplicó seis veces en los seis años que duró la dictadura", al pasar "de 7.000 mil millones de dólares en 1976 a 42.000 millones de dólares en 1982, sin que nunca se haya esclarecido debidamente en qué fue empleada"."La dictadura en 1976 era un lúmpen recién llegado al poder, y había claramente una reacción internacional en contra, pero logró romper el aislamiento a través de las coaliciones financieras", explica Cafiero a Público. "El ministro de Economía de aquel momento, José Alfredo Martínez de Hoz, era casi un canciller, porque fue el que extendió los vínculos de la dictadura con el mundo financiero. Era socio de Rockefeller".

Cafiero considera que la violación de derechos humanos no era un objetivo en sí mismo. El plan de exterminio que puso práctica la Junta militar era, en realidad, un modo de intentar disciplinar social y políticamente al país y así instalar un modelo financiero dependiente de la banca internacional y de las inversiones extranjeras.

"Durante la dictadura desaparecieron 30.000 personas" recuerda el denunciante. "Pero al mismo tiempo desaparecieron también 30.000 millones de dólares con mecanismos de endeudamiento, fuga y giro de capitales. Una cosa era necesaria para que sucediera la otra. A partir de la represión se explica que se pudieran torcer las políticas económicas del país".

Argentina comenzó entonces a recibir varios préstamos de la banca internacional privada, "pero para que ella fuera acreedora de la Argentina, primero hubo toda una tarea de los organismos financieros multilaterales", en palabras de Cafiero. "La responsabilidad institucional le cabe a estos organismos por apoyar la dictadura".

Un baño de sangre apoyado por el FMI

El ex legislador refiere cómo en uno de los documentos desclasificados por el Departamento de Estado de EEUU se revela la advertencia del subsecretario para América Latina William Roger al secretario de Estado Henry Kissinger sobre el baño de sangre generalizado que estaba por causar la Junta militar. Kissinger ordenó no obstante el apoyo a la dictadura.

En el marco de otra dictadura -que sucedió al Gobierno de Juan Domingo Perón- Argentina ingresó al FMI. Corría el año 1956. "Mi padre fue ministro en 1975 con el Gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, y ahí consiguió un préstamo de 110 millones de dólares del FMI sin condicionamientos", resalta Cafiero. "El FMI no desembolsó el préstamo hasta el golpe de Estado. En el primer mes de su gestión, el Gobierno militar consiguió que el FMI otorgara el dinero".

Los problemas que hoy atraviesa la economía argentina, entonces, tienen su origen en la matriz económica y financiera instalada durante la dictadura que hasta ahora la democracia no ha puesto en jaque. "Tenemos una monumental fuga de capitales", contempla Cafiero. "En los últimos 10 años se fugaron 95.000 millones de dólares y se pagaron 45.000 de deuda externa. Es decir, 140.000 millones salieron porque ese modelo económico nunca fue revisado".

El FMI al descubierto

Quien se ha consagrado como una de las mayores autoridades sobre la deuda externa de Argentina ha sido el historiador y político Alejandro Olmos, quien denunció ante la Justicia, por primera vez y todavía en dictadura (1982), el papel que desempeñó el FMI durante la dictadura. Dieciocho años tuvieron que pasar, con Olmos recién fallecido, para que un juez reconociera la ilegitimidad de la deuda, pero la causa fue archivada por prescripción.

Su hijo Alejandro Olmos recogió el legado de su padre y se convirtió además en asesor del presidente ecuatoriano Rafael Correa, un mandatario que revisó y declaró como ilegítima gran parte de la deuda externa de su país. "En la denuncia que inició mi padre quedó en evidencia que todos los fraudes probados contaron con la anuencia del FMI", relata a este diario.

"Por eso el juez de la causa sostuvo en su sentencia que se habían cometido no menos de 477 delitos en relación al endeudamiento externo, y que esto 'no podía pasar desapercibido a las autoridades del Fondo Monetario Internacional que supervisaban las negociaciones".

Olmos es escéptico en cuanto al impacto que puede tener el dictamen del fiscal Delgado. "Aun reconociendo la labor del fiscal, todas sus presentaciones anteriores no han sido tomadas en cuenta por el juez interviniente", razona. "Además, él no ha impulsado acciones como pedir la nulidad de los actos ilícitos de la dictadura conforme lo establece la legislación civil".

Por eso el problema con el FMI, a su juicio, no se circunscribe al ámbito exclusivo de la Justicia. "Las actuales autoridades, como los anteriores Gobiernos democráticos, no sólo no han cuestionado las deudas de la dictadura, sino que han cumplido escrupulosamente con los compromisos contraídos por ella", sentencia. "Hoy seguimos pagando una deuda que en realidad es la vieja deuda de la dictadura, pero refinanciada".

Fuente: Público