Anticorrupción pide la inhabilitación para un ex diputado y tres exconsellers valencianos por su implicación en Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado popular David Serra, y entre siete y nueve para los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, imputados en la pieza 5 del caso Gürtel, relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez el Bigotes y otras sociedades del Grupo Correa.

El ministerio público ha presentado este viernes su escrito de calificación provisional, el último día otorgado por el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para hacerlo. Inicialmente, el plazo acababa hace dos semanas, pero se prorrogó a petición del fiscal.

En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude. De ellas, 6 pertenecen a la trama Gürtel y las otras 21 son ex altos cargos públicos y funcionarios.

Entre ellos, se encuentra el exdiputado David Serra, para el que el fiscal pide nueve años de inhabilitación por varias contrataciones del Open de Tenis cuando era secretario autonómico de Deportes. La Fiscalía resalta que entabló una "estrecha relación" con el Bigotes y realizó las adjudicaciones "sin adoptar resolución procedimental alguna".

Para Alicia de Miguel solicita otros nueve años de inhabilitación por contrataciones en su etapa en Bienestar Social; para Cervera ocho años y para Rosado siete años de inhabilitación por contratos relacionados con el Hospital Clínico en sus diferentes etapas en Sanidad.

En el escrito, la Fiscalía sostiene que la trama de Gúrtel entabló una relación fluida con la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana para obtener la adjudicación de diversos contratos de organización de eventos entre 2006 y 2008.

Entre ellos figuran los Premios Salud y Sociedad en los años 2006 y 2007 -por importe total de 116.356 euros-, la presentación de la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en 2008, que costó 30.900 euros y facturaron a la consellería 48.989,20 euros, y la elaboración de un vídeo.

David Serra, desde el cargo que ostentaba como Secretario Autonómico de Deporte, realizó con la trama, en concreto con la empresa Orange Market, las contrataciones del Open de Tenis en los años 2005, 2006 y 2007 por importe total de 108.222 euros.

También acusa a María del Carmen Díaz Quintero, gerente de la Fundación pública "La Luz de las Imágenes" por pagar 74.612,22 euros de facturas de estos certámenes, simulando la prestación de supuestos trabajos de Orange Market en la difusión del patrimonio histórico-artístico valenciano.

Además acusa a diversos funcionarios de tramitar contratos con la trama a través de facturas fraccionadas para no utilizar el procedimiento de contratación reglado, "vulnerando de este modo los principios de publicidad y concurrencia, recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública".

La Fiscalía concluye que los presuntos cabecillas de la trama, "con la necesaria connivencia de los órganos de contratación gestores de fondos públicos", lograron la adjudicación de diferentes concursos o contratos a través de varias técnicas: fraccionamiento de contratos; presentación al concurso de varias empresas del mismo grupo; o adjudicación directa sin haber tramitado proceso alguno de contratación.

En algunas de las adjudicaciones ni siquiera consta la orden de inicio del procedimiento ni el preceptivo informe de necesidad del servicio. Tampoco consta el pliego de cláusulas administrativas ni el importe del presupuesto de licitación, y se aparentó el trámite de invitación a varias empresas.

Penas de prisión

La Fiscalía Anticorrupción reserva las peticiones más graves para la trama. Solicita 10 años prisión para sus cabecillas -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez-, así como 7 años y 11 meses de cárcel para sus colaboradores -Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero-, por un delito continuado de prevaricación, de falsificación en documento mercantil y como cooperadores del delito continuado de malversación de caudales.

Otras condenas que solicita la Fiscalía por diversas contrataciones son:

Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional. Inhabilitación de 16 años por el montaje del stand de Grandes Eventos de Fitur 2009 y la contratación de la Guía de la Comunicación y Memorias USB

Silvia Caballer, ex directora general del Libro: 8 años de inhabilitación.

Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural: 15 años de inhabilitación por contrataciones de Software Libre y por los contratos relacionados con el X Aniversario de la Sociedad Proyecto Castellón Cultural.

Enrique Navarro, ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad: 8 años y 7 meses de inhabilitación por contrataciones en Bienestar Social.

María Auxiliadora Hernández, exdirectora del Instituto de Evaluación y Calidad Educativa y ex secretaria autonómica de Educación: 9 años de inhabilitación por dos contrataciones originadas por el Instituto Valenciano para la Educación y Calidad Educativa (Ivece).

Arantxa Vallés, exgerente de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana: 8 años de inhabilitación por la contratación irregular de un acto de la Volvo Oceans Race.

Rafael Peset, exdirector de Asistencia Sanitaria: 9 años de inhabilitación.

Pau Aviñó, ex alto cargo de la Conselleria de Sanidad: 7 años de inhabilitación por los contratos de los Premios Salud y Sociedad 2006 y 2007.

Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva): 4 años de prisión, 7 de inhabilitación y multa de 3.240 euros

Inmaculada García Pardo, ex directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat: 8 años más de inhabilitación para empleo o cargo público.

Paula de Cubas, ex asesora de prensa en la Generalitat: 7 años de inhabilitación

José María Vidal, 6 meses de prisión por delito de tráfico de influencias y multa de 50.000 euros. Ocupó diferentes cargos en la Administración y trabajó para la trama con un vídeo de parques empresariales del Sepiva.

Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, ex asesor jurídico de Vaersa: 3 años de prisión.

Patria Callaghan, jefa de sección del Área de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio: 3 años de prisión e inhabilitación de 7 años

Antonio Santo Juan, ex jefe de área en Vaersa: 7 años de prisión y 8 de inhabilitación.

Juan Miguel Bellver, ex director general de Vaersa: 7 años de prisión y 8 de inhabilitación por contrataciones con la empresa de la trama Orange Market.

Fuente: Público