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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado al Hospital de Fuenlabrada ante la Agencia Española de Protección de Datos por ceder “de manera irregular” información personal sobre pacientes en lista de espera al centro privado Los Madroños de Brunete.
La denuncia se produce después de conocerse que este centro privado llama a los pacientes del Hospital de Fuenlabrada en nombre de sus médicos –sin el consentimiento de estos- para ofrecerles sus servicios de manera más rápida y con cargo a la Seguridad Social.
La organización de consumidores considera de extrema gravedad que un hospital público facilite unos datos que son considerados por ley como “especialmente protegidos”, sin el consentimiento expreso ni ningún tipo de información de los afectados para el beneficio económico de un centro médico privado.
Y añaden que “el hospital de Brunete, además, utiliza un mensaje fraudulento para inducir a la confusión y captar a los pacientes, dado que indican, en la llamada telefónica, que se comunican en nombre del médico que ha realizado el diagnóstico y que es este quien recomienda el cambio de hospital, mientras los facultativos del centro público niegan haber autorizado dichas llamadas”.
La asociación de consumidores recuerda en su web que el Hospital de Fuenlabrada está incumpliendo el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que indica, sobre el deber de secreto, que “el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos”.
E informa que dicho reglamento considera infracción grave "la vulneración del deber de guardar secreto" los datos a los que se refiere el artículo 10, sancionable con multa de entre 40.001 y 300.000 euros.
Además, Facua también advierte en su denuncia que la propia Carta de Derechos y Deberes de los Ciudadanos en relación con el Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid especifica, en su artículo 27.3, que “el ciudadano tiene derecho a mantener su privacidad y a que se garantice la confidencialidad de sus datos sanitarios, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente”.
Fuente: El boletín
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