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La Dirección General de la Policía ha recabado un informe de la Abogacía del Estado en el que se avala que los agentes puedan impedir el acceso con banderas y símbolos republicanos al recorrido que este jueves hará el futuro rey Felipe VI por las calles de Madrid tras su proclamación en el Congreso de los Diputados, han informado a Europa Press fuentes policiales.
Estas mismas fuentes han precisado que el citado informe jurídico se remite a la ley orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley 1/1992, que aborda la manera de evitar altercados en la calle. En este sentido, las fuentes consultadas llaman la atención sobre el hecho de que este jueves en Madrid se congregará una gran mayoría de personas favorables al Rey y a la monarquía y por tanto la presencia de personas contrarias a esa institución podría derivar en un problema de seguridad y orden público.
Estas mismas fuentes sostienen que esta política se aplica habitualmente en los casos de grandes aglomeraciones, y ponen como ejemplo los acontecimientos deportivos, en los que por cuestión de seguridad en muchas ocasiones se mantiene la separación entre aficiones rivales.
Por estos motivos, y una vez recibido el aval jurídico de la Abogacía del Estado, la Dirección General ha dado orden a los agentes que participarán en el despliegue policial para que eviten la presencia de personas que porten banderas o símbolos republicanos o mensajes antimonárquicos con el objetivo de que la jornada se desarrolle sin incidentes.
Felipe VI recorrerá tras su proclamación en el Congreso las principales calles del centro de la ciudad, como son la Carrera de San Jerónimo, el paseo del Prado, la calle Alcalá, la Gran Vía, la plaza de España, la calle Bailén y la plaza de Oriente. En todos esos puntos, la Policía prevé la asistencia de multitud de personas simpatizantes de la monarquía.
El despliegue policial diseñado por el Ministerio del Interior estará compuesto de un total de 7.000 efectivos entre Policía y Guardia Civil, si bien la seguridad durante el recorrido a pie de calle recaerá especialmente sobre los cerca de 2.000 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) desplegados para la ocasión.
Fuente: El diario
Incautar una bandera republicana es un delito contra los derechos fundamentales.
Artículo 541
La autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales, incurrirá en las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
Artículo 542
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
Ver los artículos del Código Penal.
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