El futuro judicial del exrey, marcado por dos demandas de paternidad

Dos juezas de primera instancia rechazaron en 2012 tramitar la demanda de paternidad de dos supuestos hijos del rey Juan Carlos de Borbón. La razón, el rey es inviolable tanto en su actuación como jefe de Estado como en su vida personal. Así lo establece el artículo 56 de la Constitución. Por si fuera poco, no existe norma legal que permita a un juzgado conocer una demanda contra el rey.

Una ley orgánica que regulara el Estatuto de la Casa Real, postergado desde 1978, podría resolver este vacío legal. En ese caso, cabe preguntarse si esta inviolabilidad, que se extiende durante todo el tiempo que esté en el trono, podría amparar las demandas de dos personas que reclaman el derecho fundamental a su identidad, como derecho humano.

Albert Solá Jiménez interpuso una reclamación para que se reconozca ser hijo biológico de Juan Carlos de Borbón y de Anna María Bach Ramon. Nació en Barcelona en 1956, siete años antes que la infanta Elena, la hija mayor de los reyes. Asegura ser fruto de la relación entre el entonces príncipe y esta mujer residente en Barcelona. Al parecer, fue robado por unas enfermeras a su madre, en la Casa de la Maternidad, y trasladado a Ibiza. En 1964 fue dado en adopción a la familia Solà Jiménez, de Sant Climent de Peralta (Girona).

Cuando comenzó a investigar su identidad, Albert Solá descubrió en unos documentos sobre él que aparecía la expresión "chupete verde", una acotación que, según algunos historiadores que consultó, hace referencia a los bebés de sangre real.

De confirmarse, Solá sería el hijo primogénito de Juan Carlos de Borbón. Vive en Girona y es miembro de la Plataforma per Catalunya (PxC), un partido que basa en el rechazo a la inmigración su programa político.

La segunda persona que reclama la paternidad de Juan Carlos de Borbón es Ingrid Sartiau, residente en Gante. Su madre, Liliane Sartiau, conoció al monarca en 1956, en Francia. La pareja se reencontró diez años más tarde, en una feria en Luxemburgo, y nueve meses después nació la niña.

Tanto Solá como Sartiau se han hecho pruebas de ADN, que confirman que son hermanos en un 91% de probabilidad.

Las titulares de los juzgados de Primera Instancia número 19 de Madrid, María Isabel Ferrer-Sama, y número 90, Milagros Aparicio, acordaron en octubre de 2012 la inadmisión a trámite de las demandas de filiación presentada por Solá y Artiau, que pedían ser declarados hijos del rey "por vía consanguínea".

María Isabel Ferrer-Sama, la magistrada de primera instancia 19 de Madrid, dictó un auto en el que destaca que el artículo 56 de la Constitución establece que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad".

Dicho artículo recoge "la tradición histórica e internacional" que atribuye al monarca una protección o estatus especial que imposibilita no sólo que se le exija responsabilidad penal, sino también que se dirijan contra él acciones civiles como una demanda de filiación. Según la magistrada, la doctrina, "no sin alguna fisura, establece la inviolabilidad para la conducta personal del Rey!, y la irresponsabilidad, para los actos que realice en ejercicio de sus funciones constitucionales.

También subrayó en su auto que ningún precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a ningún juzgado el conocimiento de las demandas civiles contra el rey, ya sea por actos de carácter personal o del ejercicio del cargo, lo que interpreta como que ha sido el propio legislador quien ha trasladado la inviolabilidad del rey a las normas orgánicas y procesales al no prever ningún órganos jurisdiccional para conocer los litigios contra el rey.

En su demanda, Albert Solá Jiménez sostiene que, cuando en 2001 acudió a obtener su expediente de adopción y los datos que figuraban en la Casa de la Maternidad, el titular del juzgado de instrucción 14 de Barcelona, Jorge Maza Domingo, le dijo textualmente que su padre era "nada menos que Juan Carlos I, rey de España".

Fuente: Público