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La futura Ley de Seguridad Ciudadana supondrá, para Amnistía Internacional (AI), la puntilla del Gobierno a un progresivo "deterioro" del derecho de reunión, asociación y expresión en España. Así lo ha denunciado este jueves la ONG, en la presentación del informe El derecho a protestar, amenazado. Un estudio —confeccionado durante 2013 y que incluye con el testimonio de 30 "víctimas"— que concluye que "el uso abusivo" de sanciones administrativas y penales para castigar a manifestantes ya ha provocado un efecto "disuasorio" en la ciudadanía a la hora de manifestarse.
"Hemos encontrado indicios claros de que las sanciones impuestas a personas por participar en actos de protesta pueden están desalentando a la gente a sumarse a protestas públicas", remarcan los autores del informe, que apoyan esta denuncia en el número de multas dictadas por las autoridades españoles. Por un lado, el estudio recoge que la Delegación del Gobierno de Madrid impuso 1.117 en 2012. Una cifra que acompaña de otras: como las 957 sanciones verificadas por la Comisión Legal de Sol entre mayo de 2011 y abril de 2013; las 314 multas emitidas entre el 12 y 15 de mayo de 2012 —primer aniversario del Movimiento 15M—; y los más de 40.000 euros en sanciones acumuladas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
"Algunas personas que han participado de manera especialmente activa en las protestas se han encontrado con que han sido objeto de sanciones en varias ocasiones, hasta el punto de que han acumulado deudas o de que sus propios abogados les han aconsejado que reduzcan su visibilidad en las actividades públicas", resalta Amnistía Internacional, cuyo estudio no incluye una evolución histórica del número de multas impuestas por las autoridades.
Este informe también hace hincapié en el "uso abusivo" de la fuerza policial, "malos tratos en detenciones", "tratos degradantes" y agresiones a periodistas; así como la falta de transparencia en las investigaciones internas contra los agentes denunciados. "Han existido violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de fuerzas de seguridad", concluye la ONG, que presenta este documento apenas un día después de que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunciase la compra de más equipamiento para los antidisturbios y el cese del jefe de una unidad de la UIP por "fallos en la ejecución" del operativo policial desplegado en la Marcha de la Dignidad. "La respuesta de las autoridades españolas a estas protestas, y a los movimientos que las han organizado, ha sido en gran parte represiva", sentencia Amnistía Internacional.
Fuente: El país
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