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La galopada parlamentaria del Gobierno de Mariano Rajoy para dejar sin efecto la llamada justicia universal —la competencia de los jueces españoles para investigar crímenes contra los derechos humanos cometidos fuera del territorio nacional— no ha bastado para evitar una resolución judicial sumamente incómoda para el Ejecutivo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno dictó este lunes una orden internacional de detención contra el expresidente de China Jiang Zemin y contra el exprimer ministro Li Peng por delitos de genocidio, torturas y crímenes de lesa humanidad contra la población de la región autónoma del Tíbet en los años ochenta y noventa del siglo pasado. La orden del magistrado, que deriva de una querella interpuesta en 2008 por el Comité de Apoyo al Tíbet y un lama tibetano de nacionalidad española, se extiende contra otros tres antiguos dirigentes políticos y militares del Partido Comunista Chino (PCCh).
La decisión del magistrado, tomada contra su criterio, y por orden de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia, se produce un día antes de que el Congreso debata la proposición de Ley Orgánica del PP para limitar el alcance de la jurisdicción universal. También supone un nuevo aprieto para las relaciones bilaterales entre España y China. El gigante asiático, uno de cuyos vectores en política exterior es el rechazo al reconocimiento oficial del Dalai Lama, ha presionado al Gobierno español para lograr el archivo judicial de la causa por el genocidio en el Tíbet. Las protestas del Gobierno chino, que convocó al embajador español en Pekín, Manuel Valencia, para expresarle su “fuerte malestar”, incluyen la amenaza de represalias económicas. China es la primera potencia comercial del mundo y el segundo tenedor de deuda española en manos extranjeras, con un 20% del total.
En la querella se acusa al expresidente Jiang Zemin de estar al corriente de torturas, ejecuciones extrajudiciales y arrestos arbitrarios a ciudadanos tibetanos y de someter a este pueblo a “políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosos”, entre otros delitos de lesa humanidad. Aparte de Jiang, presidente de China entre 1993 y 2003, Moreno ordena la detención de Li Peng, primer ministro chino a finales de los años 80 y principios de los 90; Qiao Shi, exjefe de la seguridad china y responsable de la policía armada; Chen Kuiyuan, secretario del Partido Comunista de China en Tíbet entre 1992 y 2001, y Peng Peiyun, ministra de Planificación Familiar en los años 80.
En una serie de autos —resoluciones razonadas— firmados este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 libra la orden internacional de detención contra Jiang Zemin y el resto los dirigentes chinos y decreta su “prisión provisional, comunicada, incondicional y sin fianza”. El magistrado, que en todo momento recuerda que actúa en cumplimiento de una orden de un órgano superior, reclama a Interpol que practique “gestiones encaminadas para la busca y captura e ingreso en prisión” de los antiguos líderes chinos, que están “en paradero desconocido” para la justicia española.
Moreno da curso así a la orden de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “Teniendo en cuenta lo ordenado por la sala, hallándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordendado por la sala y librar la orden internacional de detención y en virtud de los arículos 503 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal procede decretar la prisión provisional e incondicional y sin fianza y librar la orden internacional de detención ordenada por la sala de lo penal", escribe el magistrado en su auto.
Según la querella del Comité de Apoyo al Tibet que dio pie a la investigación, Jiang Zemin ejerció "autoridad de supervisión" sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos. "Promovió e implementó de forma activa políticas cuyo objetivo era poblar la región autónoma del Tibet con una mayoría de la etnia Han, detener a miles de tibetanos durante largos periodos de tiempo, torturar a los detenidos y someterlos a otros abusos ilegales tanto físicos como mentales", relata la querella. También acusan al exmandatario chino de "someter a los tibetanos de forma indiscriminada a políticas de planificación familiar forzosas que incluían la práctica extendida de abortos y esterilizaciones forzosos".
La decisión de Ismael Moreno, obligada por la Sección Cuarta, llega mientras se tramita en el Congreso la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reducirá a la mínima expresión la llamada jurisdicción internacional, esto es, la competencia de los jueces españoles, en este caso los de la Audiencia Nacional, para investigar delitos de lesa humanidad y otros cometidos fuera del territorio español. Esta limitación de la justicia universal llega después de que el régimen chino se haya mostrado vejado por las actuaciones de los jueces españoles y haya presionado con medidas de carácter comercial y económico al Gobierno de Mariano Rajoy.
El pasado miércoles, la Sección Cuarta de la Audiencia, presidida por la magistrada Ángela Murillo, rechazó el incidente de nulidad presentado el pasado 20 de enero por el que la Fiscalía buscaba la anulación de un auto de la propia Sección Cuarta por el que se obligaba al juez Ismael Moreno a dictar las órdenes de arresto, que él había decidido archivar.
La sección cuarta ordenó a Moreno el pasado 18 de noviembre que dictara los arrestos al apreciar, en contra del criterio de este magistrado, que había indicios de delito contra los exdirigentes por su participación en lo que las víctimas califican de un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana" entre finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado.
También reprochaba la Sección Cuarta al fiscal que haya pedido la nulidad el pasado 20 de enero, dos meses después de que se ordenaran las detenciones, cuando "decidió darse por notificado" de ello, y presentó un incidente "fundamentándolo en motivos que, de sobra, conocía dos meses antes".
Los querellantes sostenían que las declaraciones de distintos testigos ante el juzgado de Ismael Moreno, la información judicial enviada por Canadá, Bélgica y Suecia y las resoluciones de la ONU sobre el Tíbet apuntaban directamente a la cúpula del PCCh como responsables del genocidio y por ello pedían su detención.
Mientras el Congreso tramita la proposición de Ley Orgánica y la envía al Senado, los procedimientos de justicia universal siguen su curso. Precisamente mañana, miércoles, el juez Pablo Ruz va a tomar declaración como testigos al forense Francisco Etxebarria y al psicólogo Carlos Martín Beristain, ambos de la Universidad del País Vasco, en relación con la fosa común hallada el pasado junio en Smara (Sáhara Occidental).
En este enterramiento de la antigua colonia española fueron encontrados ocho cadáveres de personas ejecutadas el 12 de febrero de 1976, algunas de las cuales tenía documentos de identidad españoles. Ruz también ha citado este miércoles a tres ciudadanos argelinos testigos de las ejecuciones dentro de la investigación sobre el supuesto genocidio del pueblo saharaui. Esta causa, derivada de una querella de la Asociación pro Derechos Humanos de España, es una de las que corren el riesgo de ser archivadas con la limitación de la jurisdicción universal, según fuentes jurídicas.
Fuente: El país
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