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viernes, 7 de diciembre de 2012

El nuevo canon digital lo pagarán todos los contribuyentes a través de los PGE

El Gobierno aprobó el viernes un real decreto por el que cargará a los presupuestos generales del Estado el canon digital, que hasta ahora gravaba los aparatos tecnológicos destinados a hacer copias privadas para compensar de este modo a las entidades de gestión de derechos de autor.

El nuevo procedimiento de pago de la compensación equitativa por copia privada significa que con el cargo a los presupuestos, serán todos los ciudadanos los que paguen el canon, y no sólo los que adquieran los dispositivos.

La compensación a las entidades de gestión de derechos se hará a ejercicio vencido, siendo el importe previsto para 2012 (que se abonará a comienzos de 2013), de cinco millones de euros, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

"La partida correspondiente de compensación forma parte de los presupuestos y la norma lo único que hace es determinar quién recibe la compensación con criterios objetivos según los tipos de soportes", dijo la vicepresidenta.

"No se establece ningún tipo de impuesto añadido, se da cumplimiento al decreto ley que eliminó el canon de los aparatos de reproducción que se estimaba podía usarse para copias privadas", añadió.

Las principales entidades españolas de gestión de derechos de autor - entre ellas SGAE, EGEDA y AISGE - han mostrado su oposición a un modelo que en su opinión obliga a pagar a los ciudadanos y beneficia principalmente a la industria tecnológica.

Según el Gobierno, la decisión de hace un año de suprimir el canon digital pretende cumplir con las sentencias del Tribunal Superior de la UE y de la Audiencia Nacional, como la sentencia Padawan de 2010, que exigían un mayor esfuerzo a los miembros de la UE por considerar en este pago que los soportes digitales no siempre son utilizados para realizar copias privadas de archivos protegidos por derechos de autor.

Además, dijo el Gobierno, con esta medida pretende aportar una mayor competencia a la Administración General del Estado en cuanto al control de las cantidades recaudadas por las entidades de gestión de derechos de autor por este concepto.

Fuente: El economista

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