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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.
El fiscal Pedro Horrach ha solicitado de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el 'caso Nóos' para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto mediante el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.
El juez José Castro ha dictado una providencia en la que da un plazo de veinte días a las partes para presentar alegaciones. El plazo computará desde el día en que tengan acceso a dichos escritos.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
El Ministerio Público, que ha solicitado hoy la caución, ha calculado la cifra tras sumar todos los importes recibidos por el duque de Palma y su mano derecha de manos de las Administraciones públicas balear y valenciana "al margen de cualquier expediente administrativo y, por ende, fuera de la legalidad vigente".
En su escrito apercibe a ambos de que, en caso de que no depositen el dinero, les serán embargados todos sus bienes.
Aizoon, afectada
Asimismo la Fiscalía Anticorrupción hace extensiva la fianza a la sociedad patrimonial Aizoon, propiedad de Urdangarin y de la Infanta Cristina. Una entidad que emplearon para desviarse los fondos del Instituto 'sin ánimo de lucro' Nóos con facturas falsas.
Junto a Aizoon quedan afectadas por la fianza el resto de sociedades instrumentales empleadas por el duque de Palma y Torres para apropiarse del dinero.
En el caso de que el juez rechace la petición íntegra de los fondos recibidos, el fiscal Pedro Horrach solicitará subsidiariamente la cantidad de 5.905.079 euros, a la que asciende el quebranto ocasionado por el marido de la Infanta Cristina y su socio al erario público descontando los gastos en los que incurrieron para organizar sus eventos.
De esta forma, en el montante total que será reclamado entran los 1,2 millones de euros que recibió el Instituto Nóos el 17 de julio de 2005 por la organización del primero Illes Balears Fórum.
Una iniciativa que fue costeada con fondos públicos que acabaron casi en su totalidad en los bolsillos de Urdangarin y Torres.
Al año siguiente Nóos rubricó un nuevo convenio con el gobierno que presidía el popular Jaume Matas para organizar la segunda edición de estas conferencias a cambio de 1.085.000 euros.
De manera paralela, la Fiscalía Anticorrupción incorpora los importes de los foros organizados en Valencia y sufragados por la Generalitat para analizar la relación entre los grandes eventos y las ciudades. En total, 3.132.000 euros.
Añade además a la cifra solicitada los 380.000 euros percibidos por organizar los Juegos Europeos en Valencia, evento que jamás se llevó a cabo, y el resto de contratos menores que les fueron otorgados.
Entre otros, los 54.520 euros que consiguió el duque de Palma mediante un contrato amañado del gobierno balear para hacer el seguimiento en los medios de comunicación del equipo ciclista Banesto-Illes Balears; los 174.000 euros que recibió por montar la 'oficina de proyecto' del referido equipo; y los 116.566 euros que se llevó por hacerse cargo del material promocional de esta iniciativa deportiva.
A todos estos pagos la Fiscalía añade, como marca la ley, un tercio de la cantidad, que asciende a 2.147.362,11 euros.
Fuente: El mundo
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