“Una anciana sin recursos se verá obligada a devolver la ayuda para recuperar a su padre”

“La muerte de José Celda ocurrida en 1940, como la de miles de personas, es un hecho que sigue vivo e implica a instancias democráticas que deberían asumir estos valores de reparación y justicia. En España fueron asesinadas miles de personas durante décadas, cuando ya no había guerra alguna y estas instancias incluso son cómplices en delitos que aun siguen vigentes como es la desaparición de personas, delito que nunca prescribe hasta que aparece la victima viva o muerta. Nos encontramos ahora con que los mismos ayuntamientos que fueron cómplices en estas desapariciones las siguen obstaculizando en su averiguación. Su obligación legal es facilitar que las personas cierren sus heridas y que se resuelvan crímenes contra la humanidad”, ha manifestado a EL PLURAL.COM Matías Alonso, del Grupo de recuperación de la memoria histórica de Valencia (GRMHV).

“Obstaculizar la exhumación”

“Ahora –continúa- el ayuntamiento de Paterna obstaculiza por tercera vez la exhumación de José Celda, enviando de nuevo el expediente a una consellería que ya se inhibió en su momento, mientras se agota el tiempo de la subvención que caduca el 31 de diciembre. Su hija Pepita, una mujer ya mayor y sin recursos se ve angustiada ante la situación de no poder rescatar los restos de su padre”.

25 pesetas al enterrador

José Celda Beneyto, fue fusilado en septiembre de 1940 junto con 15 personas de Massamagrell en Valencia. Cuentan que salió un día al campo, como todos los días a a labrar, pero no volvió. Lo apresaron no se sabe quien. En la cárcel de Valencia vivió un juicio sumarísimo muy duro acusado de pertenecer a Izquierda Republicana hasta que en septiembre fue fusilado. Lo enterraron en una fosa enorme en el cementerio de Paterna. La familia estuvo al acecho, haciendo guardia en el cementerio como hicieron algunas otras para intentar ver el cadáver y lo consiguieron. Tras mucho rogar y pagar 25 pesetas de la época, el enterrador puso el cuerpo en un ataúd algo que no era normal y en el féretro introdujeron una botellita de cristal con el nombre de José dentro.

Indulto a destiempo

El ataúd cerraba la fosa, era el primero sobre otros 200 cadáveres que se hacinaban debajo. A los tres meses de la ejecución, llegó el indulto para José Celda quien no había cometido delito alguno salvo su afiliación política. En pleno franquismo nada pudieron hacer pero su hija Pepita siempre se sintió en deuda consigo misma y con su madre de recuperar el cuerpo. “Gracias a esos indicios –la botella con el nombre, el ataúd presumiblemente el primero nada mas abrir la fosa- hay posibilidad de recuperar el cuerpo. Si es así, Pepita tendrá suerte si no, no se puede rebuscar en una fosa con 200 cuerpos a saber en que estado”, explica Matías Alonso.

“Dilatando” el proceso

En Paterna, una serie de familias decidieron abordar el procedimiento para intentar encontrar a sus víctimas. Se asociaron como agrupación de familiares, obtienen una subvención pero, explica el representante del GRMHV, “el Ayuntamiento dilata el proceso. El de José Celda es el único caso conocido que sale por tres veces a información pública municipal cuando con una sola vez es suficiente. El Ayuntamiento llama además a otros familiares para que sepan que se va a abrir la fosa y algunos se oponen a ello sin base legal, pues según el artículo 13 de la Ley de memoria histórica, solo se ponderaran las opiniones de familiares directos cuyos cuerpos hayan de ser trasladados”.

Autorización de Sanidad, pero…

El Ayuntamiento en la tercera exposición del caso, encuentra a dos familias. “Les dicen que hay que exhumar los 200 cuerpos de la fosa. Y no es verdad, esta mujer solo quiere sacar su padre que está arriba-continua. Es mas, si no aparece el ataúd de madera y la botella, ella entiende que no es posible y tiene derecho a levantar los cuerpos y ver si su padre esta allí”. Pepita y el grupo de memoria histórica, hablaron con los familiares que pasaron de oponerse a apoyar. Pepita Celda sigue adelante con su idea y acuden a la Consejería de Sanidad autoridad pertinente para autorizar la exhumación de fosas en un cementerio. “Nos da la autorización que sirve para que el alcalde tenga que dar las ordenes internas de abrir la fosa. Fuimos al Ayuntamiento y sorprendentemente mandan el expediente por segunda vez a la Consejería. Ya lo habían enviado previamente sin razón alguna cuando los otros familiares se oponían a Sanidad que se inhibió, remitiéndolo a Cultura y Patrimonio que se inhibió y lo envió a Presidencia que asimismo se inhibe. Son argucias legales para dilatar un tiempo precioso”.

De víctima a fósil

“Con la orden de Sanidad el Ayuntamiento dice que si que va a firmar, y hacen declaraciones a prensa. A pesar de ello envían de nuevo el expediente a la Consejería de Patrimonio con el argumento de que el arqueólogo municipal dice que no es una exhumación normal, sino un acto arqueológico: Convierten en fósil a José Celda y otra vez el expediente a la consejería que ya se había inhibido. Ahora estamos a la espera de que emita el veredicto”, añade Alonso.

Negativa a prorrogar

“Seguimos teniendo la autorización pertinente de la Consejería pero el alcalde se niega a poner en marcha las ordenes de exhumar. No sabemos si podremos abrir la fosa en agosto o en septiembre y además, los trabajos de ADN tardan varios meses. Previendo ese retraso remitimos al ministerio de Presidencia un escrito en junio pidiendo una prorroga para la devolución de la subvención. Y por primera vez, nos contestan que no. Es decir o terminamos a 31 de diciembre o se produce un grave problema económico para Pepita Celda que solo quiere enterrar en paz a su padre”. Y concluye Matías Alonso: “ La obligación de los representantes municipales es ayudar a cerrar heridas, no hacer perder este tiempo precioso para reparar la memoria de las víctimas”.

Fuente: El plural