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Cuando la investigación encara su recta final, el fiscal Pedro Horrach entiende que existen indicios suficientes para imputar a Urdangarín los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental y fraude a la Administración, una acusación que hace inviable una petición fiscal que no supere los dos años de prisión ( una hipotética condena que libraría al duque de Palma de la cárcel al no contar con antecedentes penales).
Confesión de culpabilidad
A falta de analizar los resultados de las comisiones rogatorias cursadas a Suiza y Luxemburgo y de determinar la cuantía de las cantidades supuestamente defraudadas por los gestores de Nóos (con la información facilitada por Hacienda), Anticorrupción es consciente de que los abogados de los dos ex socios en el Instituto Nóos pueden volver a intentar sellar un pacto de conformidad, habitual en cualquier proceso, para mitigar la calificación provisional de la Fiscalía antes del juicio.
Ese acuerdo pasaría por una confesión de culpabilidad y por la devolución del dinero presuntamente defraudado. El artículo 21,4 del Código Penal contempla la atenuante de confesar la infracción siempre que ésta se produzca «antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él». Fuentes de la investigación aseguran, sin embargo, que si Urdangarín reconociese su culpabilidad en estos momentos se le apreciaría la circunstancia atenuante en el caso de que aportase «datos significativos para avanzar en la investigación». Por ejemplo, añaden, si arrojase luz sobre la implicación de otros imputados cuya responsabilidad no está afianzada con solidez o permitiese con su declaración acordar nuevas imputaciones.
Tres de los cuatro delitos que la Fiscalía imputa a Urdangarín (que podrían ser cinco si la información remitida por Hacienda abre la puerta al delito fiscal) llevan aparejadas penas de cárcel. El Código Penal prevé entre tres y seis años de prisión para castigar la malversación de caudales públicos (Anticorrupción estima que la cantidad defraudada por Urdangarín y Torres puede superar los tres millones). En cuanto a la falsedad documental, está castigada con penas de hasta dos años de prisión. Ambos delitos contemplan además la pena de inhabilitación (absoluta en el primer caso). También con pena de prisión (de uno a tres años) se sanciona el fraude a la Administración, que añade la imposibilidad de obtener subvenciones y beneficios fiscales durante un plazo de entre dos y cinco años.
El único delito que no está castigado con la cárcel, la prevaricación, sí conlleva la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante al menos siete años.
Según las mismas fuentes, si Urdangarín y Torres «ponen encima de la mesa tres millones de euros» (o la cantidad defraudada que finalmente se determine) y devuelven ese dinero, el tribunal que les juzgue «podría considerarlo incluso una atenuante cualificada que rebajaría la pena solicitada hasta en dos grados». En todo caso, el duque de Palma tendría que echar el resto en el juicio para evitar una condena a más de dos años de cárcel.
Uno de los peores años de su vida
Iñaki Urdangarín recordará este último año como una de las peores etapas por las que ha tenido que pasar. Si a finales de diciembre Su Majestad el Rey vetaba su presencia en cualquier acto oficial de la Casa Real, a principios de mayo sufría otro revés: la muerte de su padre. Al duque de Palma le llegó este duro golpe en un momento muy delicado, poco más de dos meses después de su mediática declaración en Mallorca en el marco del «caso Nóos». Y, por si fuera poco, aún sobrevuela la posibilidad de que su esposa, la Infanta Cristina, sea llamada a declarar también ante el juez José Castro.
Fuente: La Razón
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