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El ministro del Interior, Jorge Fernández, ha anunciado que, antes del mes de junio, el Gobierno presentará el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal. El nuevo cambio pretende endurecer todos los artículos del Capítulo II, Título XXII, que regula los delitos de orden público. Entre las novedades está incluir la "resistencia pacífica" dentro de los "atentados a la autoridad". Esta práctica fue la utilizada por los "indignados" del movimiento 15-M que acamparon en las plazas y los manifestantes de la llamada "primavera valenciana".
El Gobierno también tiene la intención de considerar un agravante de la desobediencia a la autoridad el hecho de que ésta se produzca en una manifestación o concentración. En la actualidad, éste es un delito menor con una pena que no supera los seis meses de cárcel, aunque la intención del Ejecutivo de Rajoy es que pase a ser penada entre uno y tres años de prisión. Hasta la fecha, sólo en caso de que hubiera agresiones o de que el presunto delincuente fuera un cargo público las penas aumentarían.
Otra de las modificaciones previstas en el Código Penal será la de incluir la "prisión provisional" en caso de atentado a la autoridad. Los detenidos frente al instituto Lluís Vives de Valencia se podrían haber visto afectados gravemente por este cambio normativo.
El portavoz en la Comunidad Valenciana de la asociación Jueces para la Democracia, Ximo Bosch, asegura que no es necesario un cambio en el Código Penal ya que el actual articulado "está ajustado para castigar esas conductas delictivas". Bosch cree que la intención del Ejecutivo es "criminalizar unas manifestaciones que en su inmensa mayoría han sido pacíficas". "Ante un contexto de recortes, el Gobierno pretende dar un discurso de orden público para desviar la atención", apunta. A su juicio, incluir la "resistencia pasiva" como un delito penal "no es aceptable", y que estas medidas hacen pensar que el objeto de la reforma "va más encaminado por la represión judicial que por la acción social". Bosch apuesta por reformar la legislación penal en otros ámbitos que generan "más alarma social". "Deberíamos endurecer las penas por corrupción, porque en este caso sí que se está ofreciendo sensación de impunidad", propone.
Adoración Guamán, profesora de Derecho en Valencia y una de las juristas que han defendido a los "indignados" en los tribunales afirma que esta reforma "es una actuación preventiva" contra las manifestaciones. "Un joven al que encarcelan tras una protesta pierde las ganas de seguir reivindicando", dice.
Fuente: Diario Información
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