Una ex alto cargo de Camps alega que se han perdido papeles de Nóos

Isabel Villalonga, subsecretaria de la Presidencia de la Generalitat valenciana con Francisco Camps, ha pasado a engrosar la lista de exaltos cargos del PP imputados en el caso Nóos, confirmaron anoche a Público fuentes de la investigación. Villalonga, que declaró el jueves en Valencia ante el fiscal anticorrupción y la Policía, autorizó en agosto de 2006 un pago de 241.000 euros al Instituto Nóos por supuestos trabajos que los investigadores del caso creen inexistentes. Se trata de dossieres para los Juegos Europeos, aquellos que siguen aún sin haberse celebrado y por los que la Generalitat se comprometió a abonar a la ONG de Iñaki Urdangarin nada menos que seis millones.

La antigua subsecretaria de Presidencia y exjefa de los servicios jurídicos de la Generalitat mantuvo en su declaración que esos dossieres para los Juegos Europeos no están en poder del Ejecutivo valenciano. Los vio dijo en una caja de documentos sobre Nóos pero esa caja se perdió en una mudanza. Así resumen su relato las fuentes consultadas.

Finalmente, la asociación del duque de Palma sólo cobró 382.000 euros por el convenio de los Juegos, suscrito en la víspera de la Nochebuena de 2005. Buena parte de ese dinero 241.000 euros le fue abonada gracias a una factura por varios dossieres firmados por la agencia Lobby Comunicación, cuyo propietario, Miguel Zorio, también está imputado y cuya sede profesional fue registrada el jueves. Los investigadores del caso, que han interrogado como testigos a trabajadores de Lobby, sospechan que la factura es falsa.

Muy afianzada en el sector de la comunicación valenciano, Lobby cobró en 2006 del Instituto Nóos los 241.000 euros que han llevado a la imputación de Villalonga por presunta malversación, aunque todavía no hay atribución formal de delitos. Paralelamente, Lobby pagó ese mismo año una cifra casi idéntica al bufete Torres Tejeiro, una de las empresas de la trama, ligada oficialmente a Diego Torres, el socio del duque.

Villalonga se suma a la nómina de imputados valencianos, de la que ya formaban parte los dos exdirectores de la empresa pública Cacsa que suscribieron convenios con el Instituto Nóos para la celebración de tres ediciones de las llamadas Valencia Summit, las cumbres turístico-deportivas que costaron al erario valenciano 3,1 millones. La Policía y el fiscal interrogaron al sucesor de Villalonga, pero sólo como testigo.

Una decisión de Camps

Por firmar el convenio de los Juegos Europeos ya está citado como testigo Esteban González Pons, portavoz estatal del PP. Entonces conseller, Pons fue uno de los que suscribieron el acuerdo con Nóos. Lo rubricó en nombre de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional del País Valencià, cuya presidencia ocupaba en esa fecha. Pero la decisión de suscribir el convenio partió de Francisco Camps, y así consta por escrito. Y fue la Presidencia la que financió aquí a Nóos.

La imputación de Villalonga se produce en la nueva batida lanzada en Valencia por el juez del caso Nóos, José Castro, y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Además de la exsubsecretaria, declaró su sucesor en el cargo. Pero lo hizo en calidad de testigo, como otra docena de personas. Entre ellas figuran varios empleados de Lobby Comunicación. Fuentes del caso aseguran que algunos de esos trabajadores explicaron que los dossieres para los Juegos Europeos fueron un producto de "corta y pega de internet". Por el contrario, el entorno de Lobby sostiene que el trabajo se hizo.

Fuente: Público