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Preguntada sobre la posibilidad de que se modifique la Ley de Huelga, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, reconoció, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "algunos grupos" políticos han planteado esta cuestión al Ejecutivo y añadió que en el Gobierno están "dispuestos a analizar lo que en este punto se diga" durante la tramitación parlamentaria de la reforma laboral.
Sáenz de Santamaría recordó que el decreto no trata esta cuestión porque "las prioridades eran otras", pero dijo que se analizarán "con mucho interés" las propuestas sobre "un tema que lleva muchos, muchos años discutiéndose".
La inclusión de restricciones al derecho de huelga durante el trámite parlamentario de la reforma laboral no sería una sorpresa. Ya durante la negociación del proyecto de ley de la reforma del anterior Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tuviesen por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión.
Nacionalistas con el PP
En esta batalla, además del aplauso entusiasmado de la CEOE, el Ejecutivo contará, tal y como mencionaba Sáenz de Santamaría, con el apoyo de "algunos grupos". Uno de ellos será presumiblemente CiU. Josep Antoni Duran i Lleida ya anunció la semana pasada que su formación emplazará al Gobierno a regular el derecho a huelga, porque este derecho "y el de manifestación no pueden ir nunca contra el interés general". Estas consideraciones las hizo en referencia a la acción que prevén los trabajadores de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) durante la celebración del certamen internacional Mobile World Congress entre el 27 y el 29 de febrero.
Duran agregó que el derecho de huelga debe regularse porque ahora "sólo tiene el enunciado constitucional" y aún no se ha desarrollado normativamente. Utilizando una argumentación similar a la que empleó el presidente de la CEOE, Juan Rosell, Duran recalcó que la ley tiene que garantizar ese derecho, pero también proteger a la sociedad frente a "un concepto de huelga desnaturalizado".
El segundo grupo que probablemente apoye al Gobierno es el PNV. Poco después de que Rosell recuperase el debate sobre la restricción de la huelga, el portavoz de los nacionalistas en el Congreso, Josu Erkoreka, afirmó que ve pertinente actualizar el decreto ley de Relaciones Laborales de 1977 que, entre otras cosas, regula el derecho de huelga. Desde su punto de vista, sería necesario volver a plantear el "equilibrio de intereses" entre los distintos afectados por un conflicto laboral, ya que el que establece la norma vigente "es muy antiguo".
Las réplicas del terremoto que provocó la presentación de la reforma laboral continuaron ayer y no sólo en torno a la posibilidad de restringir el derecho de huelga. La portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, anunció que su partido ya está preparando un "texto alternativo" a la reforma propuesta por los conservadores, que se basará en la normativa implantada por el anterior Gobierno e incluirá los últimos acuerdos de mínimos alcanzados entre patronal y sindicatos.
Asimismo, Rodríguez adelantó que las enmiendas de su grupo a esta norma contendrán "incentivos" a la "creación neta de puestos de trabajo en las plantillas" que "eviten el efecto sustitutorio" que, a su juicio, genera el decreto del PP. Por último, la portavoz parlamentaria del PSOE calificó de "intolerable" e "incoherente" la inclusión en la norma de la posibilidad de reducir las plantillas en las empresas públicas, informa Elena Herrera.
Javier Arenas, a las puertas de las elecciones de Andalucía, ofreció ayer la cara más conciliadora del PP y afirmó, en una entrevista concedida a la cadena Ser, que "le gustaría que se aprovechase la tramitación parlamentaria de la reforma laboral para que se oigan las alternativas de los sindicatos y de otros grupos".
Empleos de calidad
También con cierto tinte de matización, la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, reconoció ayer desde Bruselas, donde participó en la reunión de ministros de Empleo de la UE, que la reforma "por sí misma no genera empleo". Sin embargo, explicó que busca dar la flexibilidad a las empresas para garantizar que "el despido sea la última opción" y ha confiado en que contribuya a sentar las bases para crear empleo "estable y de calidad" cuando el "crecimiento económico sea una realidad".
El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, que presidió la reunión de ministros de Empleo de la UE, alabó la flexibilidad que introduce la nueva reforma laboral aprobada en España como forma de atajar la segmentación del mercado laboral en el país, pero reclamó al Gobierno del PP "otras medidas" para contribuir a reducir el elevado paro en España, incluidas más inversiones y mejoras en los sistemas de educación y formación.
El comisario instó además a que todos los países empleen mejor las partidas del Fondo Social Europeo que todavía no han utilizado para contribuir a reformar sus mercados de trabajo y especialmente para combatir el paro juvenil y apoyar a las pymes a crear empleo.
Bruselas cifra en unos 10.700 millones de euros los fondos disponibles para España no utilizados procedentes del Fondo Social Europeo, pero también de los fondos estructurales y de cohesión.
Precisamente la semana que viene, expertos de la Comisión Europea se desplazarán a Madrid para discutir con el Gobierno español y los agentes sociales cómo utilizar mejor estos recursos.
A un día de las primeras manifestaciones contra la reforma laboral, las fuerzas políticas y sociales conservadoras muestran su cohesión. A partir de mañana se verá si hay alguien al otro lado para darles respuesta.
Fuente: Público
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