El rey debe hacer públicas sus cuentas

La declaración de ayer de Urdangarin no fue espontánea ni improvisada, estaba muy medida. La pactó con la Casa Real y fue supervisada por los abogados del yerno del rey. En realidad eran solo dos párrafos. El segundo, para decir que su abogado y portavoz a partir de ahora es Mario Pascual Vives. El primer párrafo, el significativo, dice literalmente esto:

“Ante la acumulación de informaciones y comentarios aparecidos en los medios de comunicación relativos a mis actuaciones profesionales, deseo puntualizar que lamento profundamente que los mismos estén causando un grave perjuicio a la imagen de mi familia y de la Casa de su Majestad el Rey, que nada tienen que ver con mis
actividades privadas”.

No se entiende muy bien a qué vienen esas últimas palabras, eso de que la Casa Real no tiene nada que ver con las “actividades privadas” del duque de Palma. ¿Alguien ha insinuado que Urdangarin recaudaba para la Casa Real, como esos políticos corruptos que extorsionan a empresas en nombre de su partido y reparten luego con este el botín? No hay ningún indicio en lo que conocemos del sumario. Pero quizás haya llegado el momento en que tanto la Casa Real como el rey hagan un ejercicio de transparencia para disipar cualquier duda.

De la fortuna del rey sabemos poco. En 2003, la revista EuroBusiness publicaba un ranking de los 300 europeos más ricos y colocaba a Juan Carlos I en el puesto 112, con un patrimonio valorado en 1.700 millones de euros. Agregaba la publicación que el origen de esa fortuna fue un fondo creado fuera de España, durante el franquismo, por monárquicos españoles que preparaban la restauración democrática. El fondo habría crecido después y hasta la actualidad con muchas otras donaciones privadas.

Hay otra parte de la economía del rey que no procede de donaciones privadas sino de fondos públicos. Es la “cantidad global” anual que se hace en los Presupuestos Generales del Estado al rey “para el sostenimiento de su familia y Casa”, según dice la Constitución en su artículo 65. Este año han sido 8,43 millones de euros, unos 1.400 millones de pesetas. La Carta Magna añade que el rey “distribuye libremente” esa cantidad, y quizás se ha interpretado ese “libremente” en la Zarzuela como sinónimo de “opacamente”, porque de su distribución no tenemos los ciudadanos ni el más mínimo detalle en los 33 años que lleva vigente la Constitución. ¿Cuál es el salario del rey? ¿Y el del príncipe? ¿Tiene un sueldo anual fijo la infanta Cristina y un variable según el número de actos oficiales de la Casa Real en que intervenga? ¿Y su marido, Iñaki Urdangarin, que como ha puntualizado la Casa sigue siendo miembro de la Familia Real? ¿Hay dos gestiones y contabilidades en la economía de don Juan Carlos, una con el patrimonio y los ingresos personales de origen privado y otra con la cantidad global que le asignan los Presupuestos del Estado? Si las hubiera, ¿se cruzan alguna vez esas dos contabilidades? No lo sabemos.

Hace cuatro años, don Juan Carlos dio lo que parecía un primer paso de transparencia. Nombró interventor de las cuentas de la Casa a Óscar Moreno Gil, 72 años entonces, un ilustre jubilado experto en Hacienda Pública y contabilidad (y en óptica, dicen que todo lo mira con lupa) para que le llevara la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable de la Casa Real. Pero llamarle interventor es demasiado, porque no rinde cuentas públicas a nadie. Seguimos sin saber no ya los detalles de la fortuna privada del rey sino ni siquiera cómo se distribuye la “cantidad global” que se le asigna al jefe del Estado con los impuestos de los ciudadanos.

En pocas semanas, salvo sorpresa, Urdangarin va a ser formalmente imputado por posible malversación de fondos públicos y otros delitos en el caso Palma Arena. En la investigación judicial se sabrán, previsiblemente, muchos detalles de sus finanzas personales y de las de su esposa, la infanta Cristina. El rey debería adelantarse y hacer públicas las cuentas de toda la Familia Real, o al menos todas aquellas partidas que tengan su origen en fondos públicos.

Fuente: 20 Minutos