Por una sanidad pública y de calidad

Crisis, oportunidad para...¿implantar sanidad privada?

El acceso de los ciudadanos a prestaciones sanitarias de calidad en toda España es igualitario, independientemente de la comunidad autónoma donde resida; esto es lo que nuestra constitución marca y lo que en la práctica debería imperar.

La situación real ¿cuál es?, Las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que las políticas desarrolladas en cada una de las comunidades tienen una influencia directa sobre cómo funciona el sistema sanitario público y las prestaciones que del mismo reciben los ciudadanos.

Llegados a este punto, todos pensamos que el Ministerio como institución “superior”, debería operar como garante que impidiese que los resultados electorales a nivel autonómico acabasen creando importantes diferencias en el sistema sanitario público entre las diferentes autonomías. Lo cierto es que no es así y si a esto se suma el interés de algunas comunidades (cada vez más con los últimos cambios políticos) en utilizar la crisis para desmantelar el sistema público sanitario, la situación de diferencias y desequilibrios entre comunidades se está acrecentando.

Todos sabemos que la salud es uno de los pilares básicos de nuestro estado del “bienestar”. Esto en términos económicos significa que una gran parte del presupuesto se destina o debería destinar a dicho pilar; y precisamente dicha importancia presupuestaria y más en estos tiempos de crisis origina dos cosas: por un lado es una fuente de problemas para los gobiernos autonómicos que debido a las restricciones deben hacer cábalas para que las cuentas salgan y por otro lado las empresas privadas que ya operan en el sector cada vez más quieren hacerse con una importante parte de este pastel presupuestario.

Dicha situación es un caldo de cultivo ideal para que los gobiernos (especialmente los de cierta tendencia ideológica) se animen a caminar hacia una privatización del sistema, yendo desde el copago a las “colaboraciones” público-privadas y acabando incluso con la financiación del sistema privado a través del uso de infraestructuras y personal públicos para atender a dicha demanda privada.

El caso probablemente más grave que se está dando últimamente es el de Cataluña, donde el Gobierno de CiU además del recorte presupuestario, el cierre de servicios y despidos de personal (como si no fuese suficiente); se saca de la manga un anteproyecto de ley que de ser aprobado modificaría un aspecto esencial en lo que concierne a las prestaciones sanitarias. Así modificaría el actual artículo 15.2 de la Ley 8/2007. ¿Qué dice este artículo actualmente? “Las instalaciones de los centros y servicios del ICS (Instituto Catalán de Salud) no se pueden utilizar para prestar asistencia sanitaria privada de ningún tipo, sino que deben dedicarse a las actividades de interés público propias del instituto, con un uso intensivo y eficiente”

¿Cómo quedaría dicho apartado con la modificación que pretenden aprobar? “Las instalaciones de los centros y servicios del ICS, por razón de interés público, declarado por acuerdo del consejo de administración, se podrán utilizar para prestar atención sanitaria no financiada con cargos públicos” Juzguen ustedes mismos, pero yo diría “blanco y en botella”. El gobierno con esta modificación si finalmente es aprobada (ya parece tener el apoyo del PP) podrá utilizar los recursos públicos sanitarios para prestar atención privada.

¿Qué ocurriría a partir de este momento? Pues nunca se sabe pero si los centros sanitarios públicos comienzan a atender a usuarios de mutuas porque al gobierno autonómico le sale más rentable, llegará un momento que dicho perfil de paciente puede llegar a tener prioridad sobre el que viene de la seguridad social. Claro está, nos dirán que es la única forma de garantizar la viabilidad económica de los centros sanitarios y que en ningún caso estos pacientes tienen prioridad. Con ello quien se lo pueda permitir contratará un seguro privado y quien no lógicamente quedará en una posición de inferioridad en cuanto al acceso a los recursos públicos sanitarios.

Podemos decir que estamos ante un nuevo contexto sociopolítico (respecto al que había en los años 80 coincidiendo con la reforma sanitaria); contexto en el que se plantea “mejorar” el Sistema Sanitario introduciendo aspectos como la competencia entre proveedores, el copago, las “colaboraciones” público-privadas, con único objetivo final, terminar con el actual sistema sanitario público. Hay comunidades autónomas como Madrid, C. Valenciana que hace más tiempo o Cataluña más recientemente están empezando a poner en práctica algunos de estos métodos.

Si se sigue avanzando por estas líneas nos tendremos que empezar a concienciar para cambiar el término paciente o usuario por el de cliente, y ya sabemos qué significa esto para cada uno de nosotros como potenciales “clientes” (seguro privado) así como para los trabajadores del sector sanitario que creemos en la sanidad pública (choque de valores al ver como posiblemente se da prioridad a clientes de seguro privado sobre usuarios de la seguridad social.)

La cosa sinceramente no pinta nada bien, pero si nos quedamos quietos esperando a ver que pasa cada día pintará peor y cuando nos demos cuenta habremos perdido uno de nuestros principales pilares del bienestar; por lo cual podemos elegir esperar o podemos optar por protestar, movilizarnos y defender nuestros derechos, en este caso el derecho a una sanidad pública e igualitaria. Con ello quizá se puedan parar algunas de estas reformas y de no ser así, al menos podremos decir a generaciones futuras que lo intentamos.

Fuente: La República