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La Fiscalía General del Estado ha asegurado a la Justicia argentina que "no consta" ninguna denuncia en España sobre la "existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado para la eliminación física de los ciudadanos españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno". Además, como adelantó Público el pasado 15 de julio, España se escuda en el proceso abierto por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, para asegurar que sí se han investigado los crímenes del franquismo. Lo que oculta el informe es que ese magistrado fue suspendido por abrir ese caso.
El documento, al que ha tenido acceso este periódico, fue enviado por la Fiscalía el pasado 7 de junio a Argentina para tratar de evitar, incluso ocultando información, que la jueza María Servini de Cubría admita la denuncia que algunos familiares de víctimas del franquismo presentaron el 14 de abril de 2010 en el país suramericano. La jueza preguntó al Estado español por vía diplomática por los procesos abiertos contra los crímenes franquistas. El principio de jurisdicción universal permitiría a la Justicia argentina abrir un proceso siempre que constate que España -como país donde se cometieron los delitos- no está investigando.
Pese a decir que "no consta" denuncia, la Fiscalía enumera todos los pasos seguidos por Garzón hasta que el 18 de noviembre de 2008 se inhibe en favor de los juzgados territoriales tras comprobar que los posibles culpables habían fallecido.
El Ministerio Público explica que, posteriormente, 22 juzgados territoriales en los que se inhibió Garzón archivaron el caso por prescripción de los posibles delitos o tras comprobar que los culpables habían fallecido. Además, añade que el juzgado de Granada devolvió la causa del asesinato de Federico García Lorca a la Audiencia Nacional, generando una cuestión de competencia pendiente de ser resuelta en el Tribunal Supremo.
Ley de Amnistía
La Fiscalía reitera que ningún juzgado ha aludido a la Ley de Amnistía de 1977 para archivar la causa. Sin embargo, el informe oculta que el juzgado de Aranda de Duero (Burgos) archivó la denuncia aludiendo a los argumentos esgrimidos por el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela en el proceso que acabó con la carrera judicial de Garzón en la Audiencia, como explican los denunciantes. Esos argumentos señalaban que la Ley de Amnistía y la Ley de la Memoria impedían abrir la investigación y que Garzón prevaricó.
"Los denunciantes hemos entendido que en España la cuestión estaba cerrada. Ni en los juzgados de primera instancia ni en el resto de tribunales se ha querido contradecir las tesis del Tribunal Supremo", advierte el abogado de los denunciantes, Fernando Magán. El Supremo tiene pendiente resolver si Garzón abrió o no la investigación a sabiendas de que era injusto hacerlo. Es decir, si prevaricó.
Fuente: Público
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